Estrasburgo admite un recurso de CC OO sobre la congelación salarial de funcionarios de 1997
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite un recurso, presentado por CC OO, sobre la congelación salarial de los funcionarios españoles en 1997 con el Gobierno del PP.
La abogada del área jurídica del sindicato CC OO, Carmen Perona, aseguró ayer que llegarán "hasta el final en la lucha por un derecho fundamental básico como es el derecho a la negociación colectiva". Perona explicó que el Tribunal de Estrasburgo, última instancia a la que el sindicato puede recurrir, "entiende que hay una vulneración de derechos humanos", tras la inadmisión del recurso por parte del Tribunal Constitucional. CC OO basa el recurso en el rechazo del Constitucional, "que vulnera el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos", según el cual "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable". Perona aludió a la duración del proceso, prolongado durante ocho años, cuando Estrasburgo considera cuatro años como un plazo razonable.
El proceso se inició en 1997 cuando el Ejecutivo, entonces del PP, decidió congelar el salario de los funcionarios pese a un acuerdo de 1994 que establecía que éstos crecerían por encima del IPC durante los tres años siguientes. El sindicato, encabezado por José María Fidalgo, recurrió la decisión ante la Audiencia Nacional, que en 2001 falló a favor de CC OO. Por su parte, el Gobierno recurrió la resolución de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que en 2002 anuló la sentencia de la Audiencia Nacional. El siguiente recurso de CC OO fue ante el Tribunal Constitucional. En febrero de este año el máximo órgano judicial español no admitió el recurso al entender que la decisión del Gobierno del PP estaba justificada para cumplir con el Plan de Convergencia Comunitaria.
El sindicato iniciará una campaña para solicitar a todos los empleados públicos que se personen en Estrasburgo. "Así se validará y se dotará de fundamento jurídico", apuntó Perona. La abogada espera que acudan cerca de 300.000 funcionarios.
La decisión del Tribunal de Derechos Humanos, que se dilatará cerca de una año, es vinculante para el Estado español que deberá acatar su decisión.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
- Consejo de Europa
- Tribunal Estrasburgo
- Comisiones Obreras
- Funcionarios
- Sindicatos
- Función pública
- Tribunales
- Salarios
- Sindicalismo
- Poder judicial
- Organizaciones internacionales
- Relaciones laborales
- Relaciones exteriores
- Política laboral
- Administración Estado
- Condiciones trabajo
- Administración pública
- Trabajo
- Política
- Justicia
