De los truenos a los pactos

De una guerra sin cuartel a un armisticio que da lugar a pactos insólitos. En poco más de un año, el rumbo de Cajasur ha dado un viraje sorprendente. La discreción y la voluntad de acuerdo de un puñado de personas han permitido que la caja cordobesa fundada por la Iglesia católica haya salido del ojo del huracán y haya puesto los primeros cimientos para lograr la estabilidad. Para llegar a esta situación, la jerarquía de la Iglesia ha pactado con el Gobierno socialista de Andalucía y tres partidos que normalmente andan a la greña (PSOE, PP e Izquierda Unida) han encontrado un espacio para el consenso. Algo extraño con los vientos políticos que corren, en los que la jerarquía eclesiástica convoca manifestaciones contra el Gobierno socialista y PSOE y PP no se ponen de acuerdo en nada.

Las reticencias a la nueva vicepresidencia del Partido Popular proceden de la Iglesia

El pacto entre el consejero y el obispo fue un ejercicio de pragmatismo

La primera clave fue el documento que suscribieron el consejero de Economía, José Antonio Griñán, y el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, en noviembre del año pasado, un documento que sellaba el regreso de Cajasur a la tutela de la Junta de Andalucía. Esta tutela le había sido despojada por una ley que aprobó el Gobierno del PP y a la que se acogió de inmediato el anterior presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo.

El pacto fue un ejercicio de pragmatismo. Asenjo sabía que con el PSOE en los Gobiernos de Madrid y Sevilla, Cajasur, tarde o temprano y por las buenas o por las malas, volvería a la tutela de la Junta. Y Griñán quería resolver un conflicto que podía encallarse en los tribunales y que dañaba la imagen del sistema financiero autonómico.

En ese pacto los dos cedieron, pero fue el Gobierno andaluz el que hizo más renuncias, lo que llevó a algunos dirigentes socialistas, sobre todo de Córdoba, a echarse las manos a la cabeza.

La Junta logró que Cajasur volviera de forma voluntaria a estar bajo su control, pero, a cambio, aceptó que la Iglesia conservase la mayoría en los órganos de gobierno de la caja, algo que había querido corregir con la Ley de Cajas aprobada en 1999, y, por supuesto, decidiese la presidencia de la entidad. El acuerdo tenía otra virtud fundamental para el Gobierno andaluz: se ponía fecha de caducidad al mandato de Castillejo. Un Castillejo que ya se ha jubilado y que tiene como sucesor al canónigo Juan Moreno, uno de los pocos sacerdotes que no era de la cuerda del poderoso ex presidente de la caja.

Pero, ni con la firma del pacto entre la Iglesia y la Junta ni con la salida de Castillejo en julio, el caso Cajasur podía darse por cerrado. Pronto empezaron los movimientos para poner caras a los principales cargos de caja. Desde hace tiempo se sabe que la Diputación de Córdoba, que recuperó su reconocimiento como fundadora, elegirá a Salvador Blanco (PSOE) como vicepresidente ejecutivo. La vicepresidencia de la Iglesia la ocupará con bastante probabilidad Fernando Cruz-Conde, el sacerdote que se perfila como presidente definitivo de la entidad tras la etapa de transición de Moreno.

El inicio de la renovación de los órganos de gobierno (Asamblea General, Consejo de Administración y Comisión de Control) hizo que empezaran a multiplicarse los contactos entre los partidos políticos. En juego estaba cubrir la representación de los poderes públicos: Diputación, Junta de Andalucía y Ayuntamientos.

Pese a los rencores acumulados por la guerra de Cajasur, los partidos optaron por la negociación. Los contactos del PSOE con PP e IU para el reparto de los cargos políticos empezaron en junio y acabaron en buen puerto el pasado miércoles. Quienes asistieron a esa última reunión cuentan que no duró más de media hora porque prácticamente todo estaba ya hablado. La mayoría del tiempo lo emplearon en "limar" el escrito conjunto que remitieron luego a los medios de comunicación y que partía de un borrador auspiciado por Juan Ojeda, ex eurodiputado y ex secretario general del PP andaluz.

El peso de la negociación lo llevaron esos meses el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Rafael Velasco, el secretario provincial de Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara; Juan Ojeda y el líder provincial de IU, Enrique Centella. El principal escollo parecía ser el PP. El hecho de que el interlocutor del PP fuese Ojeda, retirado de la primera línea de la política, allanó el camino. En estos meses, Ojeda ha tenido manos libres de la dirección del PP para negociar sin interferencias, lo que unido a sus buenas relaciones con algunos dirigentes socialistas (entre ellos el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías) permitió que poco a poco las posiciones se fuesen acercando. "Puede haber acuerdo", decían desde antes del verano algunos de los negociadores.

El principal punto del acuerdo que se hizo público venía a ratificar lo que los números y porcentajes cantaban: que en el futuro Consejo de Administración, el PSOE tendrá cuatro representantes; el PP, dos e IU otros dos. Pero el acuerdo también escondía una sorpresa. En el comunicado se apuntaba, de manera un tanto farragosa, la aparición de una tercera vicepresidencia que no estaba contemplada en los estatutos pactados entre la Junta y la Iglesia. Finalmente, esa nueva vicepresidencia estará en manos del PP y será ocupada por Juan Ojeda. Según las fuentes consultadas, lo que se ha pretendido es compensar al PP y evitar extrañas alianzas entre partidos que puedan propiciar que se abra una guerra en la Asamblea General.

Para crear esta nueva vicepresidencia será necesario cambiar los estatutos de Cajasur, algo que, según la hoja de ruta, ocurrirá a finales de año. Ojeda ocupará esta nueva vicepresidencia en representación de la Junta de Andalucía, cuyos consejeros son elegidos por el Parlamento autonómico.

Y de que en Cajasur están ocurriendo cosas extrañas es prueba el hecho de que los principales reparos a la nueva vicepresidencia del PP parten de la Iglesia. Algunas fuentes consultadas sostienen que ya se ha logrado el visto bueno del obispo, pero que todavía existen algunas "reticencias" de los cargos eclesiásticos intermedios. Estas reticencias se intentarán solventar en los próximos días haciendo ver a la Iglesia que la estabilidad de Cajasur bien merece esta nueva vicepresidencia.

Independientemente de estas interioridades, los tres partidos coinciden en afirmar que el pacto es algo bueno y que tendría que cundir el ejemplo en otros asuntos. Y, para muestra, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), quien también ha mediado para que llegar a la solución final: "Ha sido un ejercicio de responsabilidad".