La prueba del primer estatuto

El anuncio de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el dirigente de CiU, Artur Mas, habían perfilado un principio de acuerdo para introducir y blindar el sistema de financiación de Cataluña en el texto del nuevo estatuto de autonomía hizo saltar esta semana los timbres de alarma en el Gobierno de Rodríguez Zapatero y en el PSOE. Algunos ministros y dirigentes socialistas se mostraron irritados y molestos. "Es como hablar con una pared", se lamentó un veterano dirigente regional. "Lo hemos reiterado hasta la saciedad y todo el mundo sabe, en el PSOE y en el PSC, que no es un tema interpretable ni discutible: el Estatuto de Cataluña no puede, de ninguna forma, incluir un sistema de financiación detallado y cerrado porque ése no es un asunto que decida Cataluña, sino que se trata en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se desarrolla en una ley orgánica válida para todo el mundo, salvo el País Vasco y Navarra, que disponen de conciertos".

El peso de rebatir a Maragall ha recaído en Fernández de la Vega y Sevilla, pero otros ministros, como Solbes, están dispuestos también a decir 'no'

En la dirección del PSOE afirman que no terminan de entender qué está haciendo Maragall. "Hay asuntos que son muy delicados políticamente, como las competencias", explica el mismo dirigente socialista, "pero aun así no se les puede rechazar diciendo que son inconstitucionales, porque hay muchas dudas e interpretaciones al respecto. Pero en el caso de la financiación no hay ninguna. No".

Hasta ahora, el peso de decir no a Pasqual Maragall ha recaído, reiteradamente, en la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y en el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Pero otros ministros, en privado, son igualmente firmes. El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, por ejemplo, es absolutamente contrario a la fórmula que propone Maragall, y así se lo comunicó en su día al presidente de la Generalitat y a su conseller de Economía, Antoni Castell. Pero si es necesario, afirman en su entorno, el ministro está dispuesto a decir no tantas veces como haga falta.

Algunos diputados socialistas se preguntan también si no sería oportuno acelerar la intervención del propio presidente del Gobierno en este debate. "Rodríguez Zapatero ya ha dicho públicamente que el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una cuestión general y multilateral, y que el Parlamento de Cataluña no puede decidir por sí mismo, pero es verdad que el mayor gasto lo han hecho Fernández de la Vega y Sevilla", reconoce un dirigente del PSOE. Considera, sin embargo, que la decisión del presidente del Gobierno de no liderar hasta ahora ese debate ha sido correcta a la vista de los sondeos e índices de popularidad. En efecto, Rodríguez Zapatero sigue contando con la aprobación de la mayoría de los catalanes y de los vascos.

Oportunidad

A la espera de lo que se vaya resolviendo en Cataluña, buena parte de la atención se va a centrar en el Congreso de los Diputados, donde a partir del día 20 se abre el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Es seguro que los grandes partidos aprovecharán el pleno del día 20, en el que se admitirá el texto enviado por el Parlamento de Valencia para su obligado debate en la Comisión Constitucional, para plantear algunas de sus líneas maestras en el debate territorial.

"Es cierto que el Parlamento de Valencia ha enviado una reforma del estatuto actual, mientras que los catalanes enviarán un estatuto de nuevo cuño, más de 250 artículos, y el texto catalán aportará cosas muy novedosas, como el capítulo de obligaciones y deberes, que no existe en ningún otro texto autonómico", explica un experto constitucional del PSOE. "Pero aun así, el debate sobre el estatuto valenciano nos va a permitir a todos fijar posiciones importantes y enviar señales".

El debate parlamentario será especialmente interesante no sólo porque será el primero, sino muy especialmente porque parte de un acuerdo ya logrado en la Comunidad Valenciana entre el PP y el PSOE. "Los populares no pueden buscar en este caso una estrategia de confrontación total", asegura un diputado socialista, miembro de la Comisión Constitucional. Para él, tan interesante como la actuación de Alfonso Guerra como presidente de la comisión será la intervención del portavoz del PP, Eduardo Zaplana. "El acuerdo en Valencia lo logró Francisco Camps, que, como todo el mundo sabe, fue su heredero, pero que no cuenta con sus simpatías. Habrá que ver si Zaplana lleva el peso del debate, por lo menos en el pleno, o si deja paso a otro colega". En el PSOE es probable que el día 20 Ramón Jáuregui, portavoz en la Comisión Constitucional, deje su sitio a otro de los pesos pesados de su partido.