Bandas sin control

Una decena de coches quemados en un mes, 1.500 vecinos de un pueblo de 6.000 habitantes concentrados ante unos juzgados para exigir medidas contra un grupo de delincuentes veinteañeros que acumula más de un centenar de detenciones, una batalla campal entre la policía y jóvenes que hacían botellón en la feria de una localidad del Aljarafe. La sucesión de episodios violentos en Sevilla y los municipios de su entorno en la última semana ha movilizado a políticos y vecinos con el objetivo común de atajar a tiempo la sensación de que algunas zonas de la provincia se han convertido en ciudades sin ley.

"Hace seis o siete años nuestro pueblo era muy tranquilo, idílico", recordaba esta semana el alcalde de Isla Mayor (6.000 habitantes), Francisco Murcia (IU). "Hoy vivimos una situación insostenible", asegura. Todos los partidos políticos de la localidad y las organizaciones sociales y económicas del municipio acaban de constituir una plataforma ciudadana desde la que pretenden hacer frente a la banda del Pimiento, el nombre con el que firma un grupo de ocho jóvenes que, según Murcia, tiene "atemorizado" a este pueblo.

"A mi hijo le abofeteó la policía por pedir calma", dice un vecino de Tomares

Hace unas semanas atracaron cuatro comercios una misma noche y a la mañana siguiente quemaron cinco coches. Son los presuntos autores de robos en viviendas, destrozan porque sí la maquinaria agrícola, han dejado sin luz cuatro veces al poblado de Alfonso XIII. Muchos comerciantes han optado por pasar la noche dentro de sus negocios armados con escopetas, según Francisco Borja, vecino de la localidad. Borja ejerce también de portavoz de la plataforma, que el pasado viernes consiguió arrastrar a más de 1.500 vecinos a los juzgados de Coria del Río, a los que competen los asuntos judiciales de Isla Mayor, para exigir actuaciones contra estos jóvenes, alguno de los cuales cuenta con más de 40 antecedentes penales.

Ante otros juzgados, los del Prado de San Sebastián, en Sevilla, se concentró el jueves un grupo de vecinos de Tomares, una localidad de 20.000 habitantes en la comarca del Aljarafe cuya feria local se saldó el fin de semana pasado con varios heridos tras un enfrentamiento entre la policía municipal y los jóvenes que hacían botellón en una plaza. Varios agentes perseguían a un joven que había participado en una pelea y al llegar a la zona del botellón cundieron los nervios. Volaron botellas, se llegó a las manos y, según algunos testigos, los agentes cargaron con dureza.

"A mi hijo le abofeteó la policía por intentar mediar y pedir calma", dice Carmelo Villar, un vecino de la localidad que asegura que la policía de Tomares "tiene fama de dura". "Actuó de forma desmesurada, nerviosa", dice. Su hijo, un estudiante de derecho de 22 años "que nunca se ha metilo en líos", y otros jóvenes implicados en el enfrentamiento han creado incluso una página web desde la que denuncian lo sucedido y anuncian sus movilizaciones.

La alcaldesa de la localidad, Antonia Hierro (PSOE), defiende la actuación de sus agentes y considera el incidente como algo "puntual". "Los fines de semana aquí son muy tranquilos", afirma. "Pero es verdad que un día de feria a las seis de la mañana la gente va muy cargada". Hierro insiste en que la policía de Tomares "no es violenta". "Pero para muchos padres es muy duro asumir que sus hijos eran de los que estaban allí bebidos", afirma la alcaldesa. "Es mucho más fácil echarle la culpa a la violencia policial".

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés, a quien se le ha acumulado el trabajo esta semana, entiende que las ferias son emplazamientos especialmente propicios para las peleas juveniles. Y desde el mes de mayo, no hay ningún fin de semana sin fiestas locales en la provincia. El pasado fueron ocho pueblos; éste, otros cinco. Las peleas son habituales, pero Valdés ha repetido en los últimos días que en Sevilla no hay "bandas organizadas que vayan de fiesta en fiesta". "Lo que sí hay son jóvenes de un pueblo que van a las ferias de otro y a veces surgen problemas. Pero no hay más".

No obstante, la alarma creada en las últimas semanas ha llevado a Valdés a iniciar una ronda de reuniones con los alcaldes de toda la provincia para buscar soluciones adaptadas a cada municipio. En el caso de la capital, la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento han decidido establecer dispositivos conjuntos del Cuerpo Nacional de Policía y las Policía Local en zonas especialmente castigadas por actos vandálicos. Entre los casos más recientes, la quema de una decena de coches en eun mes en el barrio de Los Pajaritos o las quejas de la empresa que ha construido un paseo peatonal sobre el antiguo canal del Bajo Guadalquivir, en Torreblanca, que no puede entregar la obra al Ayuntamiento porque un grupo de jóvenes destruye una y otra vez parte de lo que van construyendo. El Ayuntamiento ha decidido presentarse como acusación particular a todos los casos de vandalismo urbano para evitar que, como ha ocurrido hasta ahora, estos delitos queden impunes.