La Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía promoverán la urbanización del Cortijo del Cuarto

La Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía, a través de EPSA (Empresa Pública del Suelo de Andalucía) promoverán el desarrollo urbanístico de la bolsa de suelo residencial más importante que prevé edificar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla. Las dos administraciones han firmado un protocolo de colaboración para urbanizar el Cortijo del Cuarto, 136 hectáreas propiedad de la Diputación en la que se levantarán 5.287 viviendas, de las que el 49% (2.206) serán de protección oficial y el resto, 2.681, de renta libre. El pleno de la Diputación deberá ratificar el acuerdo la próxima semana.

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, explicaron ayer que uno de los objetivos del acuerdo es garantizar que todos los equipamientos públicos necesarios para acoger a los nuevos vecinos, como un centro de salud, colegios o infraestructuras deportivas, estén listos antes de que se entreguen los pisos. La idea es evitar que ocurra como en otros barrios de Sevilla en los que "primero han llegado los residentes y luego ha habido que ir dotándolos de centros educativos o ambulatorios", apuntó Monteseirín.

La consejera, por su parte, se mostró también partidaria de una "intervención decidida" de la administración para adquirir suelos y evitar así que la especulación con el precio de los terrenos "haga inviable" el precio final de la vivienda. En los terrenos del Cortijo del Cuarto, situado en la zona sur del término municipal de Sevilla, se han reservado ya 9,5 hectáreas para equipamiento educativo, 4,7 para deportivo y 5,6 para suelo de interés público y social (sips).

El protocolo presentado ayer supone el archivo de la operación abierta por la Diputación para buscar un socio privado que le ayudara a desarrollar estos suelos. La institución provincial creó con esa intención la sociedad Gestión Inmobiliaria Provincial SA (Gipsa) y convocó un concurso público para vender el 33% de sus acciones (valoradas en 40,5 millones). El concurso quedó desierto y la Diputación invitó a 11 empresas a participar en un procedimiento negociado abierto, que finalmente, con la participación autonómica, a través de EPSA, no se va a llevar a cabo. Rodríguez Villalobos explicó que el documento de aprobación inicial del PGOU de Sevilla preveía que sólo 1.667 de las 5.000 viviendas fueran de protección oficial, pero la aprobación provisional del plan urbanístico recoge en estos suelos 2.606 VPO, el 49% del total de viviendas que se van a levantar. "Eso nos hace pensar que los más idóneo es un modelo de gestión desde lo público", señaló el presidente. La intención es que EPSA urbanice los terrenos y se las dos administraciones adjudiquen la construcción de las viviendas bien a la iniciativa privada o bien a empresas públicas.