Técnicos municipales de Egüés declaran que desconocían las actividades privadas del ex alcalde Galipienzo

Técnicos del Ayuntamiento de Egüés declararon ayer ante el Parlamento navarro que nunca conocieron las actividades privadas del ex alcalde Ignacio Galipienzo (UPN). Los asesores urbanísticos del municipio próximo a Pamplona añadieron que el Gobierno de Navarra supo "de primera mano" la concesión de una licencia para construir un apartotel en un solar de uso escolar de la localidad y no hizo nada. Así lo pusieron de manifiesto en la primera jornada de las sesiones de la comisión de investigación del caso Egüés el ex asesor urbanístico del consistorio, Jesús Marco, y la ex arquitecta municipal, Nuria Alas. Ambos técnicos trabajaron a las órdenes del ex alcalde de UPN, Ignacio Galipienzo, cuyas actividades urbanísticas irregulares investiga el Juzgado de Aoiz. En un documento conjunto distribuido ayer a los parlamentarios, Marco y Alas, señalan que en julio de 2003 el Gobierno de UPN presidido por Miguel Sanz ya conocía que el alcalde había concedido la licencia presuntamente irregular. Desde ese momento y hasta que varios meses después se destapó el escándalo del supuesto enriquecimiento ilícito de Gallipienzo, el Gobierno foral "no manifestó contrariedad alguna sobre la licencia", indicó Marco.

El asesor urbanístico de Egüés entre 1996 y 2005 reconoció que existían documentos algo confusos sobre los usos permitidos para la parcela. Pero al estar ubicada en un área residencial como es la urbanización Gorraiz, de carácter supramunicipal, responsabilizó de su desarrollo al Departamento de Ordenación del Territorio del Ejecutivo foral. En este sentido, Marco y Alas declararon que en reuniones mantenidas en julio y septiembre de 2003 con los directores generales de tal departamento, Luis Zarraluqui y Jesús Ascunce (fueron relevados el 25 de agosto de ese año) "no manifestaron contrariedad alguna sobre la licencia o anunciaron su voluntad de requerir al Ayuntamiento su anulación o incluso su voluntad de impugnarla en los tribunales". El Gobierno de UPN impugnó la licencia en noviembre de 2003, cuando en la prensa ya se había descubierto el abultado patrimonio inmobiliario del alcalde. Según los asesores, "el departamento

[el consejero, José Andrés Burguete, es de CDN] pretendió hacer creer que no tenía conocimiento de la concesión de la licencia, lo que no era cierto, ya que tuvo conocimiento inmediato de su concesión y de primera mano, del propio alcalde".

"Un caos"

Los técnicos matizaron, no obstante, que no debía interpretarse de sus palabras que el departamento "conociera los intereses particulares" de Galipienzo en el otorgamiento de la licencia a una promotora inmobiliaria con la que mantenía relaciones profesionales. "No hacemos ninguna imputación a técnico o cargo político, de la misma manera que dichos intereses eran desconocidos e insospechados por nosotros", apuntaron.

Jesús Marco, que en marzo fue despedido por el nuevo alcalde, Josetxo Andía (UPN), reconoció que con Galipienzo el urbanismo en el municipio era "un caos" y que en la lujosa urbanización de Gorraiz, donde se produjeron los hechos, "se llevaba bastante al margen de la actividad ordinaria", sin que nadie supiera exactamente a qué se dedicaba el ex alcalde. "Eran actividades inmobiliarias y urbanísticas, pero desarrolladas fuera del valle. Así lo creíamos. Nunca supimos sus tejemanejes en Egüés", dijo ante la comisión. El ex asesor admitió que el Gobierno navarro advirtió posteriormente que la parcela tenía usos escolares. Asimismo, reconoció que en su declaración ante el Juzgado de Aoiz habló de otro proyecto de Galipienzo, éste frustrado, para construir 1.000 viviendas en una urbanización que iba a llamarse Terrazas de Alzuza, para lo que el alcalde pretendía modificar el planeamiento urbano sin informar a los técnicos ni a su propio equipo de gobierno.