Una treintena de implicados en el 11-M fueron investigados antes de los atentados de Madrid

La pregunta será eterna: ¿si estuvieron tan cerca, si casi todo ocurrió delante de sus narices, si los informes previos alertaban del aumento de la amenaza islamista contra España, por qué ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni el Ministerio del Interior pudieron evitar el 11-M? La lógica lleva a dos respuestas. Una ya la lanzó el ex secretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa, que era quien dirigía entonces a esos cuerpos: "El cúmulo de fallos policiales previos fue un desastre, un disparate". Otra la esbozó el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo en la comisión parlamentaria de investigación del 11-M: "Una infame conspiración interior dirigida a alterar la normalidad democrática española". La lectura de los 150 tomos del sumario del 11-M apunta a la primera tesis, pero un sector del PP y de sus medios afines avanzan ahora hacia la de la conspiración "desde los aparatos del Estado", una vez comprobado que la pista de ETA (los servicios policiales de todo el planeta la toma a guasa y el sumario la descarta) no aparece ni por asomo.

Hubo dos confidentes involucrados pero no se siguió a fondo la pista de los explosivos

Un informe policial vincula a 20 indagados ya por el 11-S con las bombas en los trenes

El Tunecino fue vigilado hasta sólo una semana antes de los atentados

El cúmulo de fallos asombra tras la atenta lectura del sumario. La cuestión es saber si alguien en algún momento tuvo la capacidad para juntar todas las piezas del puzzle o si ese alguien las vio y las cuadró con intenciones criminales. Tanto los actuales responsables de los servicios de información como sus antecesores niegan taxativamente la teoría de la conspiración e incluso se indignan cuando se les sugiere. "No lo supimos ver y tendremos que cargar con eso toda la vida", admiten los anteriores. "No hay ningún elemento en la investigación que apunte a eso", aseguran los de ahora.

El hecho es que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil investigaron, por separado y por motivos diferentes, a una treintena de los islamistas radicales que luego instigaron, participaron y colaboraron en los atentados. Jueces y fiscales de Madrid y Asturias fueron elaborando diligencias y sumarios en los que entraban los supuestos terroristas.

Esa enorme proximidad a la trama fue la que permitió, una vez recogidas las pistas de la única bomba que pudo ser desactivada, desentrañar casi toda la trama en un tiempo récord. Una veintena de personas que han resultado implicadas en el 11-M ya habían sido investigadas en relación con la célula de Al Qaeda en España. Es decir, que ya se sabía de su existencia y de su radicalismo desde, al menos, noviembre de 2001.

Entre ellas se encontraba Jamal Zougam, el primer detenido en relación con la matanza de Madrid; Sarhane Ben Abdelmahid Fakhet, El Tunecino, y Allekema Lamari, ambos muertos en el suicidio de Leganés del 3 de abril de 2004. Incluso apareció el apodo de Abu Dujan El Afgani, a nombre de quien fueron reivindicados los atentados del 11-M en la cinta dejada el día de reflexión de las elecciones generales junto a la mezquita de la M-30 de Madrid. Fue durante una conversación telefónica pinchada a Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, supuesto jefe de Al Qaeda en España, al que se vincula con la trama del 11-S.

La policía elaboró un informe para el juez Juan del Olmo en el que relacionaba 20 nombres de personas investigadas o detenidas en relación con las investigaciones del 11-S en España que también habían surgido en las pesquisas del 11-M. Todos habían sido investigados por la Unidad Central de Información Exterior de la Comisaría General de Información, entonces dirigida por Mariano Rayón.

El informe fue obra del comisario Rafael Gómez Menor. Y tanto éste como su jefe, Rayón, como el superior de ambos, Jesús de la Morena, lo contaron en la comisión del Congreso. Este último admitió ante los diputados que, antes del atentado de los trenes de Madrid, prácticamente sólo sabían "el abc del terrorismo islámico".

Por el Congreso desfilaron también los mandos de la policía y la Guardia Civil de Asturias, y también de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, para aclarar la trama de los explosivos. Tenían que explicar cómo fue posible que habiendo dos confidentes involucrados en todo el trasiego no llegaron a detenerlos, cuando, además, uno de esos informantes incluso había alertado de que José Emilio Suárez Trashorras quería vender explosivos.

Los jefes de la comandancia de Gijón, el destituido teniente coronel Antonio Rodríguez Bolinaga; el de Oviedo, teniente coronel Fernando Aldea Juan, y el entonces jefe de toda Asturias, general Pedro Laguna, aseguraron que investigaron la trama de explosivos durante 2003 y que, tras cinco meses, no llegaron a nada. De hecho, según contaron, no llegaron a excitar la curiosidad de la fiscalía de Asturias sobre este asunto. Ya antes, en 2001, por tráfico de drogas investigaron al ex minero José Emilio Suárez Trashorras, quien, por entonces, fue detenido por la policía en el curso de la Operación Pipol. Le encontraron drogas y explosivos, pero la procedencia de éstos no fue investigada.

El caso es que la investigación de 2003 comenzó tras un chivatazo de Rafá Zouhier al agente Víctor, de la UCO. Zouheir, que ha cambiado su versión varias veces y se ha carteado con el diputado Del Burgo, incluso mostró en Madrid un trozo muy deteriorado de Goma-2 para avalar su denuncia. Ese trozo, dijo, se lo había dado Trashorras, quien entonces se chivaba de casos de drogas al jefe de Estupefacientes de la policía de Avilés, Manuel García.

Mientras todo esto sucedía, la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de Madrid lanzaba una operación contra el tráfico de drogas, bajo las órdenes de un juzgado de Alcalá de Henares. En su centro estaba Jamal Ahmidan, El Chino. Éste tuvo el teléfono pinchado, como otros miembros de su trama, hasta después del 11-M. En esa investigación surgieron los nombres de Trashorras, los hermanos Rachid y Mohamed Oulad Akcha (muertos en el suicidio de Leganés), El Chino, Abdenabi Kounjaa (estos cuatro muertos en el suicidio de Leganés) e incluso fue grabada una conversación entre el agente Víctor de la UCO y Zouhier.

El grupo de El Chino fue denunciado a finales de 2003 por un ciudadano, ahora testigo protegido del 11-M. Éste le contó a un agente de la Sección Tercera de la Brigada Central de Estupefacientes que un grupo de marroquíes que traficaba con drogas "iba a poner bombas en los trenes". Decía que eran los hermanos Oulad, Zougam y El Chino.

El día en que El Chino y los suyos se bajaron los explosivos a Madrid desde Asturias los estaban escuchando pero, como dicen en el sumario, no interpretaron de qué iba. En ese mismo viaje del 29 de febrero de 2004, en uno de los días más fríos del año, un guardia civil de Tráfico de Burgos detuvo por exceso de velocidad el coche en el que El Chino transportaba los explosivos. Aunque llevaba un vehículo robado, el agente no pudo comprobarlo porque el sistema de radio no funcionaba en ese momento. Tampoco pudo comprobar que el pasaporte y el carné de conducir a nombre del belga Youssef Ben Salah que le mostró eran falsos. Lo multó y le dejó seguir.

Por esas fechas el CNI andaba desesperado tras los pasos de Allekema Lamari, sobre quien Francia había solicitado que se hiciera "un control específico". Este terrorista del Grupo Islámico Armado argelino había estado en la cárcel desde 1997, pero había salido libre en junio de 2002 por un error judicial. No daban con él pero tenían identificada a gente de su entorno. Pero, a pesar de que Lamari estaba en busca y captura, el 6 de marzo de 2004 el CNI alertó de que había perdido su pista y la de cinco de sus acólitos. La misma noche del 11-M, una persona que posteriormente fue imputado en la matanza fue preguntado por la policía por el paradero del argelino.

Hubo más cosas. Otro de los suicidas de Leganés, Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino, estaba entonces bajo vigilancia por parte de la Brigada Provincial de Información lo tenía pinchado en el curso de una pesquisa relacionada con el proselitismo radical islamista y el blanqueo de dinero para fines supuestamente terroristas. El 5 de marzo fue sometido a la última vigilancia por parte de esta unidad. Pero, como amigo de Zougam y por su supuesta relación con el atentado de Casablanca, también estaba bajo la lupa de la Comisaría General de Información. Por eso en los archivos había tantas fotos suyas paseando por la calle.

La última cuestión conocida es la liberación de siete teléfonos (para usarlos con cualquier compañía telefónica) utilizados en los atentados en la tienda de un policía de origen sirio, Ayman Kalaji, quien, además, le había vendido una casa en 1995 a Mohannad Almallah Dabas, a quien se adjudica un papel esencial en el 11-M. Era un local convertido en vivienda en la calle madrileña de la Virgen del Coro. Éste fue uno de los refugios de terroristas como Basel Galhyoun y, antes del 11-M, también fue vigilado.

Ayman explicó que él no vio los teléfonos, sino que un empleado de Bazar Top, una tienda de dos indios, los había llevado a su negocio y, tras ser desbloqueados, los había recogido. Así lo han reconocido los indios y su empleado, de nombre Washington. El caso es que la tienda de estos indios está en la avenida del Cerro de los Ángeles, puerta con puerta con la casa de Hicham Ahmidan, primo de El Chino, donde se almacenaba gran cantidad de droga y quien también había sido investigado.

Éste es el puzzle que estaba sobre la mesa. Si no se pudo evitar el 11-M porque nadie percibió los preparativos es que el sistema no funciona o no funcionaba. Pero si, como dijo Del Burgo, hubo "una infame conspiración" en la que pudieron estar "los aparatos del Estado", esta confabulación implica a los servicios de Información de Guardia Civil y Policía y a espías del CNI; a la Unidad Central Operativa; la Brigada Provincial de Información de Madrid; la Udyco central y de la capital; a guardias civiles y policías de Oviedo, Gijón y Avilés; a miembros de la Agrupación de Tráfico de Burgos y Madrid; a la policía antidroga de Madrid y central; a todos sus jefes de entonces, a jueces y fiscales de Asturias, de Alcalá de Henares y de la Audiencia Nacional, a testigos de los hechos, a servicios extranjeros... Más de 2.000 personas bajo un mismo jefe, antes del 11-M y hasta el 16 de abril de 2004, cuando tomó posesión el nuevo Gobierno. Una máxima de la conspiración: secreto de uno, secreto seguro; secreto de dos, guárdeme dios; secreto de tres, ya no lo es.