El Consejo Consultivo desautoriza elementos sustanciales de la reforma del Estatuto catalán

A falta de que el Consejo Consultivo de la Generalitat entregue oficialmente el lunes su dictamen sobre el Estatuto catalán, los partidos han tomado nota ya de que contendrá la desautorización de algunos elementos sustanciales de la reforma. Habrá disgustos para todos. Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) perderán en esta batalla su apuesta por el concierto económico, Esquerra Republicana (ERC) y CiU la que han dado para amparar las competencias de la Generalitat en los derechos históricos. Los socialistas han perdido su lucha contra el blindaje de competencias. Al sistema de financiación elaborado por los tres partidos del Gobierno catalán habrá que retocarle por lo menos tres artículos.

Después de que EL PAÍS publicara el miércoles que el Consejo Consultivo considera inconstitucional aplicar en Cataluña un modelo de concierto económico, ayer se supo que también estima no constitucionales varios aspectos de la propuesta de financiación elaborada por el tripartito. A ello se añade que la mayoría de miembros del Consejo Consultivo tampoco juzga constitucional la disposición adicional primera del proyecto, que ampara ocho competencias de la Generalitat en los derechos históricos de Cataluña, según publicó ayer El Periódico de Catalunya.

La posición del Consejo Consultivo sobre los derechos históricos fue apuntada ya a mediados de agosto por su presidente, Joaquim Tornos, cuando señaló que "caben" en el Estatuto, pero que otra cosa es su utilización concreta para atribuir y amparar competencias a la Generalitat. Esto se ha traducido en la decisión de la mayoría del Consultivo de no cuestionar el artículo 5 del proyecto del nuevo Estatuto. Es el que dice que "el autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, que este Estatuto incorpora y actualiza".

Pero en cambio, el Consultivo sí ha decidido rechazar la disposición adicional en la que se señala que esta actualización ampara, especialmente, el régimen de financiación de la Generalitat; la organización de las administraciones públicas catalanas y su régimen jurídico y de función pública; la organización territorial y el régimen local; el derecho civil; el régimen lingüístico en Cataluña; la educación; la cultura; y la seguridad pública.

La invalidación de esta vía impide uno de los trueques que Esquerra Republicana impulsaba para acercar las posiciones de PSC y CiU, que consistía en limitar a cuatro o cinco las competencias de la Generalitat susceptibles de ser "amparadas" en los derechos históricos, en vez de las ocho que defienden CiU y la propia ERC. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se adentró por este camino la semana pasada al indicar, enfáticamente, cuatro ámbitos en los que Cataluña ha tenido en el pasado su propio derecho civil, su propia lengua y cultura y su propia organización territorial, lo que parecía un punto medio susceptible de ser aceptado por todos.

La reacción de los dirigentes de los partidos catalanes tras conocer las decisiones que contendrá el dictamen del Consejo Consultivo fueron desiguales. Los socialistas se mostraron dispuestos a asumir las consecuencias del dictamen y a enmendar los correspondientes artículos del proyecto para adaptarlos a la Constitución. Los nacionalistas de CiU, en cambio, relativizan las posiciones del Consejo según sean adoptadas por unanimidad o por mayoría.

El primer secretario del PSC, José Montilla, declaró a Efe que el dictamen "no se ha pedido para después obviarlo". Y eso, a pesar de que una de las decisiones del Consultivo que también han trascendido es la de considerar constitucional el sistema de blindaje de las competencias de la Generalitat utilizado en la reforma del Estatuto, al que los socialistas habían presentado numerosas enmiendas.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró sin embargo que lo publicado ayer y anteayer sobre la decisión del Consultivo "no es más que un instrumento político del PSC". Según Duran, los socialistas "tapan" con este dictamen "su incapacidad para defender los intereses de Cataluña". El presidente de CiU, Artur Mas, señaló también que el Consejo Consultivo "no es más que un órgano asesor y los informes que hace no son vinculantes".

Fuentes del Gobierno catalán se mostraron muy cautas. Indicaron que, a falta de conocer el dictamen, cabe valorar positivamente que no sea "unidireccional" y que todos los partidos puedan ver ratificadas o rechazadas algunas posiciones. "Esto puede aportar un punto de encuentro objetivable" en las negociaciones que se emprenderán la próxima semana, agregaron.

Pese a las reticencias, un criterio similar fue expuesto por el diputado de CiU Francesc Homs, cuando señaló que "ha habido ratificaciones y rectificaciones para todos", refiriéndose particularmente a CiU y al PSC. La previsión es que, después de que ayer el Consejo Consultivo votará el dictamen, sus miembros dediquen los próximos días a redactar los votos particulares, y el lunes sea entregado al Parlamento catalán. El presidente Maragall abre el miércoles con Artur Mas una nueva ronda de negociaciones.