Andalucía ultima un plan para crear un mercado público del agua

La Junta de Andalucía elabora un mapa de usos del agua por sistemas de abastecimiento (municipios y mancomunidades) para establecer los recursos con los que cuenta cada sistema y las demandas que debe cubrir. Y, a partir de ahí, definir instrumentos legales que faciliten la compraventa de los recursos hídricos sobrantes. Según explicó ayer en conferencia de prensa Francisco Garrido, portavoz de Los Verdes, el plan que diseña la Consejería de Medio Ambiente para articular este mercado público del agua estará terminado antes de final de año. Los Verdes firmó con el PSOE andaluz un acuerdo que incluye varios compromisos legislativos y el desempeño de algunos cargos en el área de Medio Ambiente.

La posibilidad de poner en marcha centros de intercambio de recursos hídricos está prevista en la normativa comunitaria y estatal, pero hasta ahora, salvo casos puntuales, ha tenido un escaso desarrollo.

Compromiso de junio

El impulso de un mercado público del agua fue uno de los compromisos incluidos en junio en el acuerdo por el agua en la cuenca del Guadalquivir (la más extensa de Andalucía), suscrito por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, y representantes de los usuarios de la cuenca. Sin embargo, el plan que ultima la Junta se aplicará sólo donde tiene competencias plenas en la gestión del agua: el litoral mediterráneo y, cuando se apruebe el traspaso, las zonas costeras atlánticas.

El portavoz de Los Verdes explicó que, una vez definidas las necesidades y usos del agua habituales en cada sistema de abastecimiento mediante derechos de asignación, los ayuntamientos y mancomunidades (los únicos operadores en este mercado público) podrán vender recursos hídricos sobrantes por la eficacia de su gestión. Ese intercambio se regirá según unas prioridades (sólo se podrá vender agua excedente de consumo urbano a otro consumo urbano) y estará supervisado por una oficina de asignaciones, que se creará en la Agencia andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

La Consejería ha exigido en las últimas semanas a los ayuntamientos de Málaga (la provincia andaluza más afectada por la falta de agua) que eleven las tarifas a los usuarios que utilizan grandes volúmenes de agua para gravar el derroche. Además, la Junta ha anunciado algunas medidas de emergencia (utilizar nuevos pozos, poner a pleno funcionamiento la desaladora de Marbella, triplicar el trasvase de agua desde el Campo de Gibraltar) y prepara un decreto para empezar con las restricciones antes de un mes si no llueve.