Sanear la sanidad

Los debates sobre reforma de la financiación autonómica que marcarán el nuevo curso político están viviendo una especie de ensayo general en torno a la específica financiación de la sanidad, competencia transferida a las comunidades, las cuales gestionan ya el 90% del gasto relacionado con la salud. El ensayo -incluyendo globos sonda del Gobierno- está resultando arduo por la dificultad de poner de acuerdo los intereses de las comunidades entre sí, y de ellas con el Gobierno central. Una manifestación de esa dificultad es el atraso reiterado de la segunda Conferencia de Presidentes, dedicada monográficamente a esa cuestión, inicialmente prevista para junio, luego para julio, y que tampoco se celebrará a comienzos de septiembre.

El déficit conjunto de los sistemas sanitarios de las 17 comunidades era en 2003 de 4.900 millones de euros, y puede estar ahora en torno a los 7.000 millones. El Gobierno ha adelantado su disposición a contribuir a enjugarlo poniendo una cantidad, siempre que las comunidades pongan otro tanto con cargo a sus propios ingresos tributarios; es decir, utilizando su capacidad normativa en relación con los impuestos propios o cedidos, o estableciendo recargos a los estatales. Con independencia de que la cantidad sugerida (1.500 millones por cada parte en cuatro años) sea suficiente o "mera limosna", como despreciativamente han dicho algunos consejeros autonómicos, lo sustancial es la voluntad política que la propuesta trasluce: la de que la Hacienda central ayudará a las autonomías dispuestas a compartir el esfuerzo.

Aquí surge una primera dificultad. Algunas comunidades sostienen que su déficit es consecuencia del fuerte crecimiento de su población debido a la masiva llegada de inmigrantes. La de Madrid, gobernada por el PP, reclama por ese concepto casi 700 millones, diferencia entre lo percibido vía transferencia del Estado y lo que estima que le correspondería con el censo real en el periodo 2002-2004. Y se niega a aceptar el criterio de contribuir al equilibrio subiendo sus impuestos, que iría contra su propio programa de gobierno. Pero otras comunidades, como Andalucía, sostienen que no puede aplicarse el mismo criterio -el Estado paga- a comunidades que han gestionado razonablemente sus recursos y a las que han acumulado grandes déficit por mala gestión o por ofrecer un catálogo de prestaciones más amplio.

La sanidad se diferencia de otras prestaciones sociales (el desempleo, por ejemplo) en que, a medida que va satisfaciendo el objetivo de mejorar la salud general y aumentando la esperanza de vida, la demanda de prestaciones sanitarias no disminuye, sino que aumenta. Por eso, el gasto sanitario crece en todos los países más que otros gastos sociales, y también por encima del PIB. Pero esa misma dinámica exige -para evitar la quiebra fiscal del Estado- una responsabilización más directa de los gestores políticos; en este caso, de las administraciones autonómicas.