El Consistorio endurece los requisitos para comprar un apartamento turístico

El Ayuntamiento de Madrid endurecerá los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento de los apartamentos turísticos con el fin de evitar que estos pisos de alquiler limitado (entre 3 y 45 días) sean utilizados como vivienda habitual, infringiendo la ley. Así lo anunció ayer la coordinadora general de Urbanismo, Beatriz Lobón, que explicó que el propietario de este tipo de apartamentos deberá estar inscrito en el Registro General de Empresas y Entidades Turísticas, tener una autorización de la Dirección General de Turismo y el titular será una única persona física o jurídica.

Los apartamentos turísticos están regulados en el Real Decreto 2877/82 sobre ordenación de apartamentos y viviendas vacacionales, que los define como aquellos "ofrecidos empresarialmente en alquiler, debidamente dotados de mobiliario, instalaciones, servicios y equipo para su inmediata ocupación por motivos vacacionales o turísticos".

La normativa permite que este tipo de pisos sean construidos en suelo terciario, no residencial, donde el plan general permite el uso hostelero. Sin embargo, en estas parcelas la Administración no está obligada a proporcionar equipamientos.

El Ayuntamiento ha detectado que algunas promotoras inmobiliarias han utilizado esta opción legal para levantar bloques de viviendas sobre suelo terciario, que están catalogadas como apartamentos turísticos pero que, en la práctica, se venden como vivienda habitual y su precio es notablemente inferior a la de un piso de similares características en suelo residencial.

La mayoría de los apartamentos en esta situación están en el distrito de San Blas, según explicó Beatriz Lobón. Muchos terrenos de esta zona al este de la capital están calificados como sector terciario, porque hasta hace unos años era un polígono industrial. Pero no hay ninguna razón que justifique en esta parte de la ciudad el uso turístico, salvo su proximidad con el aeropuerto de Barajas.

La coordinadora general de Urbanismo también explicó que la mayor parte de estas viviendas no tiene licencia de funcionamiento "porque no la ha solicitado". Por otro lado, utilizar los apartamentos para el fin al que están destinados es difícil en una zona periférica como la del distrito de San Blas.

De ahí que tanto el Consistorio como la Dirección General de Turismo se hayan puesto de acuerdo para endurecer los requisitos que afectan a estas viviendas y controlar tanto su construcción como su uso.

Para ello, será obligatorio "describir de forma clara su uso y categoría" en las licencias urbanísticas para la construcción de apartamentos turísticos en zonas calificadas como industriales. Luego, el Consistorio comprobará ese uso y serán inscritas en el Registro de la Propiedad.

De esta forma, al solicitar la nota simple de una vivienda deberá quedar reflejado que se trata de un apartamento turístico, que la licencia de funcionamientos de este tipo de pisos está condicionada a que se mantenga el uso de hospedaje, así como la prohibición expresa de llevar a cabo la división horizontal del edificio. Beatriz Lobón hizo hincapié en que Urbanismo todavía no sabe a cuántas viviendas afecta esta irregularidad, aunque su departamento está haciendo un estudio sobre la situación y ha detectado un gran número de casos en la calle de Julián Camarillo.

La concejalía está tratando de ejercer controles sobre la explotación de las viviendas ya construidas para comprobar qué empresas están detrás de este supuesto fraude. "Cuando se detecte un uso ilegal en estos apartamentos, como requieren de licencia de explotación, se clausurarán", afirmó Lobón.

La coordinadora de Urbanismo subrayó también que este tipo de apartamentos "nunca va a convertirse en viviendas habituales". Y recalcó: "Nunca se va a recalificar el suelo para legalizar infracciones urbanísticas".

Sobre las opciones que pueden tener los actuales propietarios de apartamentos turísticos, Lobón aseguró que no les queda más que "demandar la compra, resolver el contrato y acudir a los tribunales".

Lobón también reconoció que los compradores de este tipo de viviendas no son del todo inocentes, puesto que, en muchos casos alentados por las propias promotoras que les explican cómo eludir la normativa, sí conocen que están haciendo un uso indebido. De ahí que esta situación no se pueda encasillar como una estafa.