Partidarios y críticos de Blair dudan de que sus medidas antiterroristas puedan aplicarse

El primer ministro británico, Tony Blair, antes de irse de vacaciones ha dejado trabajo suficiente para sus ministros, para los mejores abogados en derechos humanos del país y para los analistas políticos. La semana pasada declaró, en referencia al terrorismo islámico, que las reglas del juego habían cambiado, presentó 12 medidas y se fue. Esta semana su Gobierno detuvo a 10 extranjeros con la intención de deportarlos e impidió el regreso del predicador de origen sirio Omar Bakri Mohamed, de vacaciones en Líbano.

En principio las cosas parecen haber cambiado. ¿Pero hasta qué punto? Los responsables de las principales organizaciones de derechos humanos sostienen que las leyes no se pueden cambiar de forma tan fácil en un verano. Y hasta los más acérrimos partidarios de la mano dura contra los musulmanes radicales dudan de que se puedan cumplir las medidas que tan solemnemente anunció Blair.

"Hay una calidad teatral en las promesas del Gobierno de deportar a los agitadores islamistas", comentaba ayer en su artículo editorial el diario conservador The Daily Telegraph, quien ha apoyado a Blair desde que presentó sus propuestas. " no se pueden hacer y, además, Tony Blair lo sabe". El periódico, como buena parte de la opinión del país, considera que los jueces tienen demasiado poder.

Una y otra vez, cuando el Gobierno ha intentado deportar a alguien, siempre se ha estrellado contra el muro que levantaban los jueces con el artículo tres del Acta de los Derechos Humanos que impide deportar a una persona a un país donde pueda sufrir maltrato o tortura. La ley, que refrenda la Convención Europea de Derechos Humanos, fue aprobada por el Gobierno en 1998. Pero ahora los jueces están siendo presionados por el propio Gobierno que en boca de su ministro de Asuntos Constitucionales, Charles Falconer, declaró el viernes que estaba preparando una ley para orientar a los jueces sobre cómo interpretar la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Decisiones precipitadas

La presión a los tribunales llega también desde las páginas de los tabloides y de otros periódicos conservadores más serios, como The Times. Éste, en su artículo editorial del viernes reconocía que los defensores de derechos humanos tienen razón cuando advierten de que las decisiones precipitadas que pretenden modificar el sistema de libertades civiles pueden acarrear "consecuencias perjudiciales y perdurables". Pero enseguida advertía de que una lectura de la ley demasiado purista por parte de los jueces también es perjudicial. "Poco podría dañar más a la ley que una percepción por parte de la gente de que los jueces se retiran a su torre de marfil de auto-indulgencia mientras dejan al ciudadano expuesto al terrorismo", señaló.

Mientras tanto, cada día salen nuevas propuestas del Gobierno, nuevas medidas "a medio cocinar", según sus críticos. Un día se sabe que el Gobierno prepara la creación de tribunales secretos antiterroristas que podrían alargar el periodo en que un sospechoso puede permanecer en prisión (ahora, el periodo máximo es de dos semanas) sin ser juzgado y sin saber de qué se le acusa. Un día el Primer Ministro en Funciones, John Prescott, declara que Omar Bakri Mohamed, el predicador de origen sirio que dijo que jamás entregaría a la policía a un musulmán que preparase un atentado, aunque añadió que intentaría detenerlo, puede entrar y salir del país cuando quiera porque el régimen de Reino Unido "es una democracia no una dictadura".

Y al día siguiente, aprovechando que Bakri ha salido de vacaciones a Líbano, el ministro del Interior, Charles Clarke, haciendo uso de "un poder personal" prohíbe la entrada del clérigo al país. Lo que se preguntaban ayer los defensores y detractores de esta medida es cómo Clarke no ha hecho uso de ese "poder personal" hasta este momento.

Una de las medidas de Blair consiste en ilegalizar al grupo Hizb ut Tahir. Pero aquí, una vez más, Blair se encuentra con la oposición de organizaciones de derechos humanos y hasta parlamentarios de su propio partido laborista. Hizb ut Tahir siempre ha condenado los atentados. El parlamentario laborista musulmán Shahid Malik ha advertido: "Va a ser muy difícil prohibirla porque es como prohibir una idea. Y necesitamos derrotar a las ideas con argumentos. La gente se va a preguntar: ¿Por qué no se prohíbe el Partido Británico Nacional ?"

El portavoz de Hizb ut Tahir, el psiquiatra de 29 años Imra Waheed, declaró que su organización no pretende implantar la ley islámica en el Reino Unido, tal como se ha publicado en diversos medios. "Hizb ut Tahir es una organización internacional. Queremos la ley islámica en los países musulmanes. Pero aquí simplemente pretendemos difundir las enseñanzas del islam, nada más".

Si el Gobierno seguirá adelante en su decisión de prohibir a Hizb ut Tahir, si conseguirá deportar a los diez extranjeros arrestados bajo la acusación de que son una "amenaza", si mantendrá fuera del suelo británico a Bakri, si logrará implantar tribunales secretos y alargar el tiempo en que el detenido permanece en prisión sin que logre imputársele cargo alguno... Todo eso se verá en los próximos meses.