Cinco pueblos al margen de la ley

Ya han pasado más de dos años desde que se celebraron las últimas elecciones municipales y todavía hay cinco pueblos en el País Vasco, todos en Guipúzcoa, donde la ley no ha sido capaz de entrar. Uno de ellos es Irura, tiene 950 habitantes y está situado al borde de la carretera Nacional I, muy cerca de Tolosa. Su alcaldesa se llama Marimi Ugalde, tiene 65 años y es una mujer muy amable que enseguida invita al reportero a sentarse en su despacho, presidido por un cartel con las fotografías de todos los presos de ETA.

Marimi Ugalde no es alcaldesa porque ganara en las elecciones del 25 de mayo de 2003. Es más, ni siquiera se pudo presentar. Su partido, Batasuna, ya había sido ilegalizado y sus vecinos, que la venían eligiendo desde 1995, tuvieron que optar entonces entre el PNV y el PSE. Los nacionalistas obtuvieron seis concejales y los socialistas, uno. Pero ninguno de los elegidos llegó a tomar posesión. El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, había advertido de que todos los votos nulos serían contabilizados como propios y conminó al PNV y a Eusko Alkartasuna (EA) a que se los devolvieran. No en balde hay que recordar que estos dos partidos nacionalistas -que en todo momento se habían manifestado contrarios a la ley de partidos- fueron a la postre los principales beneficiarios de la ausencia de Batasuna: 37 de los 43 municipios vascos donde hasta entonces habían gobernado los radicales pasaron a sus manos. O no...

El presidente de EA en Guipúzcoa admite que hay ediles que viven una situación "terrible"

"Por aquí ni aparecieron. No era gente de aquí...". La alcaldesa de Irura admite con toda naturalidad que allí sigue gobernando Herri Batasuna -"bueno, Euskal Herritarrok, o Batasuna, que bajo todos esos nombres me he presentado yo"- y que nadie ha hecho nada por impedirlo. "Hace unos meses", explica Marimi Ugalde, "vinieron dos señores de la fiscalía, creo que eran guardias civiles de paisano, y pidieron las actas de los plenos. Estuvieron muy correctos, y yo naturalmente se las di. No hemos vuelto a tener noticias".

Los otros pueblos donde tampoco ha sido posible respetar la voluntad de las urnas son Itsasondo, Leaburu, Aizarnazabal y Hernialde. Quizás este último, que tiene 300 habitantes y está muy cerca de Irura, tenga la historia más rocambolesca. Marimi Ugalde se dispone a contarla cuando tiene una idea mejor. "Mire", confía, "le voy a presentar a Mikel, el secretario de este Ayuntamiento. Él es también el secretario de Hernialde y se lo podrá explicar mejor...".

Mikel es Miguel Antonio Arrizabalaga y su trabajo no es fácil precisamente. Se da la circunstancia de que, durante la legislatura pasada, en Hernialde gobernó con mayoría absoluta una agrupación local que decidió no volver a presentarse a las elecciones de 2003. Sin Batasuna en liza, fueron el PNV y el PP los que pugnaron por el poder. El PNV consiguió 68 votos y el PP, dos. Se contabilizaron 90 papeletas nulas. Ni que decir tiene que los siete concejales electos del PNV adoptaron la misma decisión que los de Irura: no darse por enterados, no aparecer por el pueblo. Así que el alcalde y los concejales de la agrupación local aceptaron a regañadientes continuar en funciones hasta que se arreglara el asunto. "Pero no pudieron aguantar mucho", explica Miguel Antonio Arrizabalaga, "enseguida empezaron las presiones de Batasuna. Les amargaron la vida y decidieron abandonar. Yo, como secretario, tuve que hacerme cargo del Ayuntamiento". Su primera decisión fue ponerse a la máquina de escribir e informar de la situación a la Diputación de Guipúzcoa, al Gobierno vasco, a la Delegación del Gobierno y al Tribunal de Cuentas. Dice que nadie de ninguno de esos organismos se ha llegado a poner en contacto con él. Así que Miguel Antonio se ocupa un día a la semana -el resto tiene que acudir a Irura- de que ese vacío de poder no afecte demasiado a los vecinos de Hernialde. De vez en cuando tiene que sortear las presiones de Batasuna, que no se resigna a dar por perdido el poder municipal. El caso es que a Arrizabalaga no sólo le llega el peligro por ese lado. Por si fuera poco, a su difícil trabajo de funcionario en territorio hostil une su condición de concejal socialista en el municipio guipuzcoano de Lezo...

Un paseo por las escasas calles de Irura y Hernialde arroja otro dato a tener en cuenta. Sus paredes están razonablemente limpias y el ambiente es sosegado. Todo lo contrario a lo que sucede en los pueblos donde los concejales de PNV y EA se siguen resistiendo a entregar lo que ganaron en las urnas. Durante los dos últimos años, Batasuna ha librado contra ellos una especie de guerra bajo radar, sin que -salvo excepciones- la opinión pública haya tenido noticias de lo que estaba sucediendo. La caza del concejal nacionalista, ordenada sin tapujos desde la cúpula de Batasuna, ha venido obteniendo buenos resultados. Ya se acerca al centenar el número de militantes del PNV y EA que han renunciado a sus cargos para evitar que les sigan llamando ladrones delante de sus hijos, que les manden cartas amenazantes o que su teléfono suene en medio de la madrugada. Dice Iñaki Galdós, el presidente de EA en Guipúzcoa, que hay concejales de su partido que están viviendo una situación "muy difícil, terrible". Hace sólo unos días, un concejal de EA en Azpeitia, Iñaki Larrañaga, dejó el cargo harto de que su nombre y su retrato aparecieran junto a la palabra ladrón por las calles del pueblo. Es lo que les está sucediendo a todos los concejales que, según las cuentas de Batasuna, accedieron al cargo gracias a su ilegalización. Dice Larrañaga: "Se hace duro el día a día, teniendo que aguantar que cualquiera te llame ladrón en cualquier lugar. Además, cuando llegan las fiestas del verano, la presión se nota todavía más. Apareces en pancartas y pegatinas por todo el pueblo, sin que nadie haga nada... Salgo decepcionado por la coalición existente [PNV y EA]. Tengo la sensación de que se podía haber hecho más, pero parece que unos somos concejales de segunda y otros de primera...".

Esta última frase, la de su despedida, refleja a las claras que la presión de Batasuna no sólo está haciendo mella en los concejales a título personal, sino también en la vida de sus partidos. No hay más que echar un vistazo a dos o tres hechos sucedidos en los últimos días en el País Vasco para comprobar que el PNV y EA no tienen una estrategia uniforme para hacer frente al acoso. Dos ejemplos. Uno, Antton Costa, concejal de EA en Hernani, uno de los pueblos tradicionalmente más conflictivos de Guipúzcoa. Otro, Pablo Isasi, alcalde de Amurrio, también de EA.

Antton Costa, y con él un buen número de concejales guipuzcoanos de su partido, han decidido denunciar públicamente el acoso que vienen sufriendo y de paso advertir a Batasuna de que no podrán con ellos. Costa ha sufrido todo el repertorio del acoso -cartas, llamadas, fotografías en las paredes- y hasta tuvo que soportar que maltrataran a su madre y que un grupo numeroso de radicales lo acompañara por la calle al grito de ladrón. Ha tenido que marcharse de Hernani para proteger a su mujer y a sus hijas, pero no piensa dimitir. "¿Cómo voy a regalarles el escaño?", se pregunta, "¿a los que están atacándonos de esta manera?".

El otro caso es el del alcalde Pablo Isasi. El jueves, él y un concejal del PNV, Eleder Zalbide, permitieron que dos presos de ETA fueran nombrados "reina" y "dama de honor" de las fiestas de Amurrio. Zalbide llegó a colocar personalmente la banda de dama de honor a un monigote de cartón con el rostro de uno de los etarras. Hay concejales y dirigentes del PNV y de EA que, todavía en voz baja, critican esta actitud. Dicen no entender que, pese a los ataques que están sufriendo del entorno de Batasuna, algunos sectores de sus respectivos partidos sigan "pasteleando" con ellos. No entienden cómo Pablo Isasi permite que un etarra sea homenajeado en las fiestas de su pueblo cuando él mismo vive escoltado, su coche ha sido incendiado en varias ocasiones y, justo enfrente de su casa, una diana tiene guardado su nombre dentro.