Todos los grupos avalan la gestión de Interior salvo el PP, que pide la dimisión del ministro

El Grupo Popular considera que en el caso Roquetas habría que haber utilizado "la ley, el sentido común y la responsabilidad", todo lo contrario de lo que ha hecho el ministro del Interior, José Antonio Alonso. Así lo aseveró el responsable de Interior del Grupo Popular, Ignacio Astarloa, que pidió "la dimisión al cuadrado" del ministro. Pero el PP se quedó solo en sus juicios y demandas de responsabilidad toda vez que el resto de la oposición consideró correcta la actuación del ministro. Varios grupos le pidieron que extreme el respeto de los derechos humanos en cuarteles y comisarías.

Los grupos políticos dieron muestras de que acudieron a esta comisión conociendo muy bien los detalles publicados estos días por los medios de comunicación sobre la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeado, a juzgar por las preguntas precisas que formularon al ministro. Pero el PP dirigió sus pasos hacia la crítica política, acusando al ministro del Interior, José Antonio Alonso, de "escurrir el bulto", "mostrarse ajeno a lo que hagan las Fuerzas de Seguridad", "no trabajar para que se conozca la verdad" y poner al director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, "al pie de los caballos".

Éstas fueron algunas de las afirmaciones del responsable de Interior del PP, Ignacio Astarloa. Todo ello, según este dirigente del PP, es suficiente para que el ministro "se vaya". Posteriormente, el portavoz del Grupo Socialista en este debate, Diego López Garrido, le reprochó que no fuera claro en su demanda. "Pedimos su dimisión al cuadrado", aclaró Astarloa.

"Su estilo no es el mío", dijo el ministro del Interior a Astarloa. Pero los reproches fundamentales al PP los desgranó el secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido,que calificó de "disparates y contradictorios" los argumentos dados por el PP. López Garrido reprochó que en ningún momento los populares se refieran a los "hechos", es decir, "a la muerte de una persona que entró a pedir ayuda a un cuartel de la Guardia Civil y salió muerto".

Reproches a Astarloa

A continuación López Garrido encandenó reproches: "Pero a ustedes no les importa qué es lo que pasó, sino arremeter contra el ministro, decir que él es el culplable. Da igual lo que pasó, da igual la investigación, ya que han decidido que oposición debe ser destrucción", señaló. "¿En qué quedamos? ¿El Gobierno está tapando la verdad? O si decimos la realidad de lo sucedido, ¿estamos desacreditando a la Guardia Civil?", preguntó en alto.

Tanto López Garrido como el ministro hicieron una cerrada defensa de la Guardia Civil, que es quien ha llevado la investigación adelante, recordó López Garrido. Astarloa, previamente, había acusado al ministro del Interior de haber hecho "un juicio paralelo" a los guardias implicados en los hechos y no haber respetado "la presunción de inocencia", al haber pasado "del blanco al negro".

Astarloa recordó que en un primer momento Interior comunicó que las explicaciones se darían en septiembre, y fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien decidió que se dieran de inmediato.

Ninguno de los argumentos del PP fue utilizado por el resto de la oposición, ya que, tras escuchar el relato de los hechos, sus portavoces concluyeron que los pasos habían sido correctos y nada había que reprochar a la cúpula de Interior, toda vez que los mandos de la Guardia Civil habían promovido la investigación.

Pero lo ocurrido sirvió a la oposición para pedir al ministro que cumpla su compromiso de no tolerar abusos o excesos de las fuerzas de seguridad. Así lo pidió Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna; Luis Mardones, de Coalición Canaria; Emilio Olabarría, del PNV; Carme García, de IU-ICV; Josep María Guinart, de CDC, y Agustí Cerdá, de ERC.

Y en este contexto escuchó a Olabarría, García y Cerdá, que se hicieron eco de las llamadas de atención que hacen a España organismos internacionales de defensa de derechos humanos sobre denuncias de abusos en dependencias policiales. El ministro aseguró que España está "en la gama alta" del respeto a los derechos de las personas.