El proceso de venta de 7.100 kilómetros de red desencadena un intenso debate político

Lo que está en juego es una triple concesión sobre más de 7.000 kilómetros de vías. La partida afecta a pesos pesados del sector, como los franceses Vinci o Eiffage -una vez fuera de la carrera el grupo de infraestructuras Bouygues- y a grupos españoles. También a otras empresas como la italiana Autostrade o la australiana Macquarie.

Esta triple red, que abarca el Sur, el Norte y el Este de Francia, es casi cuatro veces mayor que el actual mapa de autopistas de peaje que existe en España, donde las vías rápidas de alta capacidad que son de pago suponen un 25% del total y la tercera parte están en Cataluña.

El Estado francés controla, directamente o a través del ente público ADF, un 50,3% de Autoroutes du Sud de la France (ASF, la mayor de las tres), un 70,2% de la Société des Autoroutes Paris-Phin-Rhône (SAPRR) y un 75,7% de la Société des Autoroutes de Nord et de l'Est de la France (Sanef). Esas tres sociedades y los peajes que cobran se calcula que, de ahora al final de las concesiones (hacia el año 2032), pueden reportar al Estado más de 20.000 millones de euros, según cálculos de la asociación francesa de autopistas ASFA. La cifra ha sido elevada a 40.000 millones por el presidente de la liberal UDF, François Bayrou, uno de los principales opositores a la privatización.

A la presión de la UDF ya se atribuyó la congelación del proceso de privatización a finales de 2003, con Jean-Pierre Raffarin al frente del Gobierno, después de que lo hubiera arrancado el Gobierno socialista de Lionel Jospin dos años antes.

El actual Gobierno de Dominique de Villepin ha reactivado el proceso, ávido de recursos con que alimentar sus presupuestos para combatir el paro y relanzar nuevas infraestructuras e inversiones en I+D. Francia, que espera entre 10.000 y 13.000 millones, persigue también aliviar su deuda (66% del PIB) y recortar el déficit por debajo del 3%.