Seis centrales acusan al Gobierno navarro de "hostigar" a sus informáticos para privatizar el servicio

Todos los sindicatos representados en la Administración navarra (Afapna, Asit, CCCO, ELA, LAB y UGT) han acusado al Gobierno foral de intentar privatizar el tratamiento de los datos informáticos de los ciudadanos mediante "amenazas" y "hostigamiento" a los trabajadores públicos. Las seis centrales han revelado la creación, el pasado 11 de julio, de una nueva sociedad pública, llamada Productos Informáticos de Navarra (PINSA), constituida por el Ejecutivo foral para, según los sindicatos, asumir la gestión de los datos de los ciudadanos que obran en poder de la Administración.

Las seis centrales sostienen que se está presionando a los 117 informáticos que manejan actualmente esa información en los distintos departamentos del Gobierno para lograr que se adscriban a PINSA. "Se les está hostigando, se les amenaza sobre su futuro profesional si no aceptan el traslado en comisión de servicios y se les sobrecarga de trabajo o se les vacía éste de contenido para conseguirlo", indica José Luis Labat, de UGT, presidente de la comisión de personal.

Rechazo de los empleados

Las centrales han entregado al director general navarro de Función Pública un escrito firmado por 95 de los trabajadores en el que muestran su rechazo al traslado.

Los sindicatos aseguran que la única garantía de confidencialidad de esa información sensible es que permanezca en el ámbito de lo público. "Si su gestión se transfiere a una empresa, aunque ahora sea pública, nadie podrá evitar que a continuación esa empresa se privatice en cuanto un inversor privado se haga con ella y tales datos escapen al debido control", añade Javier Barinaga, portavoz de CCOO.

El Gobierno regionalista, aseguran las centrales, no les informó en ningún momento de su intención de constituir una nueva sociedad dedicada a gestionar los datos informáticos de los ciudadanos. Los sindicatos han solicitado una investigación a los responsables del área de prevención de riesgos laborales para determinar el acoso moral que, aseguran, se viene produciendo en la plantilla de informáticos.

El portavoz del Gobierno foral, Alberto Catalán, señaló ayer a este periódico que el Ejecutivo "debe velar por la eficacia y eficiencia de sus servicios, cumplir la legalidad y mejorar permanentemente al margen de las posturas interesadas de algunos sindicatos".

El Departamento de Economía ya creó en su día la sociedad Navarra de Gestión para la Administración (NGA) de la que PINSA pasaría ahora a depender. El objetivo declarado del Ejecutivo es ampliar la gama de servicios informáticos que presta, pasando a ser proveedores de servicios para otras instituciones y empresas.