Los ecologistas aseguran que la variante de Pelayos perjudica a la seguridad vial

Ecologistas en Acción denunció ayer que la Comunidad de Madrid ha anunciado el comienzo inminente de la construcción de la variante de Pelayos de la Presa, en la M-501 (carretera de los pantanos), a pesar de que, según afirman, la Administración regional cuenta con un informe que deja constancia de que podría afectar gravemente a la seguridad vial.

Las obras de esta variante se sitúan entre los kilómetros 50 y 54 de la carretera M-501 y, según los ecologistas, supone más de seis kilómetros de nuevo trazado, con dos rotondas para enlazar con el recorrido actual. Según esta ONG, el trazado actual fue elegido por la Dirección General de Carreteras para no afectar a los crecimientos urbanísticos propuestos en el nuevo plan urbanístico de Pelayos de la Presa. Varios vecinos de la zona han denunciado los hechos ante los tribunales.

Un portavoz de la Consejería de Transportes e Infraestructuras afirma que "es ilógico y no tendría ni pies ni cabeza que la Administración realizara un proyecto contando con un informe en el que se asegura que podría ser perjudicial para la seguridad vial". La consejería pone en duda que este informe haya sido elaborado por la Dirección General de Carreteras.

Doble discurso

Ecologistas en Acción considera la construcción de esta variante como "un ejemplo más del doble discurso del Ejecutivo regional". Según los ecologistas, en junio de 2000, la Consejería de Medio Ambiente emitió una declaración de impacto ambiental en la que proponía como alternativa más adecuada un trazado más corto y más próximo al núcleo urbano. Sin embargo, la Dirección General de Carreteras obligó a modificar ese informe y a optar por otra alternativa más distante del núcleo urbano y agresiva con el entorno natural.

La razón del cambio, según afirma una nota de Ecologistas en Acción, la esgrimió el entonces jefe de servicio de Planificación y Proyectos, Juan José Jarillo, y consistía en que la alternativa elegida en un principio "afectaba a los futuros desarrollos urbanísticos previstos en Pelayos de la Presa". "Sin embargo, respetar esos desarrollos urbanísticos supuso aprobar un trazado más peligroso que el inicialmente propuesto", agrega Ecologistas en Acción.

La Consejería de Transportes considera que "un jefe de carreteras no esta capacitado para modificar una declaración de impacto ambiental", por lo que califica estas acusaciones de "extrañas".

Por su parte, Comisiones Obreras de Madrid estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra el Gobierno regional al entender que la conversión de la carretera M-501 en autovía podría vulnerar la normativa comunitaria de evaluación de impacto ambiental y de protección de los hábitats naturales y fauna y flora silvestres.

El sindicato acusó ayer a Aguirre de "volver a incumplir su palabra de supeditar la política de infraestructuras al medio ambiente".