La policía desaloja la empresa Ricson de Can Ricart

Un total de siete patrullas del Cuerpo Nacional de Policía desalojaron ayer a primera hora de la mañana, por orden judicial, las instalaciones de la fábrica Ricson del polígono Can Ricart, ubicado en el barrio del Poblenou de Barcelona y afectado por los planes urbanísticos del distrito 22@. Ricson, que fabrica maquinaria y piezas de acero, ocupaba varias naves del complejo y sus responsables habían evitado el desalojo en dos ocasiones.

La primera fue a finales del pasado mes de abril, cuando unos 200 trabajadores del polígono levantaron una espectacular barricada en la entrada del recinto para impedirlo. El segundo intento fallido de desahucio se produjo hace sólo unas semanas, cuando la administradora de la empresa, Ángela Gisbert, se encerró en las instalaciones y amenazó con quemarse a lo bonzo.

Las naves de Ricson, aunque la empresa desarrollaba paralelamente su actividad en otras plantas de L'Hospitalet, se habían convertido en el símbolo de la resistencia de las 34 empresas que en su día trabajaron en el recinto fabril y que, apoyadas por el movimiento vecinal, se negaban a abandonarlo. El plan especial para el conjunto destina el suelo industrial a oficinas asociadas a las nuevas tecnologías, zonas verdes y viviendas protegidas.

Sin embargo, el conflicto de Can Ricart comenzó a tocar fin el pasado 9 de junio, cuando los propietarios del complejo y el abogado que representa a la mayoría de las empresas firmaron el convenio que fijaba las condiciones generales del desalojo y las indemnizaciones.Un total de 31 empresas, muchas instaladas en otros lugares desde hacía meses, firmaron el convenio.

Destrozos

Fuentes de la policía afirmaron ayer que el desalojo de Ricson se produjo "sin incidentes", ya que las naves estaban vacías puesto que los empleados se encuentran de vacaciones. Sin embargo, la administradora, Ángela Gisbert, aseguró que los agentes causaron "destrozos" en la maquinaria que quedaba en las instalaciones. Su abogado, Francesc Ibáñez, explicó que la empresa estudia interponer una demanda.

El grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona reaccionó ayer contra el desalojo y advirtió de que responsabilizará al consistorio de cualquier derribo que se produzca en el recinto fabril durante este mes de agosto. En una nota, el concejal convergente adscrito al distrito de Sant Martí, Eduard Garcia, advirtió de que "la formación nacionalista no permitirá que el gobierno de Joan Clos se escude en las posibles acciones de la propiedad para iniciar los derribos y que denunciará la pasividad por mantener intacto el histórico recinto" del Poblenou. El grupo municipal de CiU es partidario de que se reconsidere el plan urbanístico que afecta al polígono.