Farruquito, impune

Entre los accidentes mortales del pasado fin de semana figuran tres casos -en Madrid, Girona y Albacete- de atropellos en los que el conductor causante se dio a la fuga. Ello ha ocurrido cuando acaba de conocerse la sentencia del juicio contra el bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, acusado de haber atropellado mortalmente a un peatón cuando conducía sin carnet ni seguro y a velocidad doble de la autorizada un vehículo de su propiedad, y de darse a la fuga sin prestar ayuda a la víctima. La sentencia es polémica, más que por su aparente benignidad -el bailaor ni siquiera entrará en prisión por ser la condena inferior a dos años y carecer de antecedentes penales- por las circunstancias atenuantes apreciadas por la juez para justificar condena tan liviana.

El fallo considera a Farruquito culpable de sendos delitos de homicidio por imprudencia y de omisión del deber de socorro, pero reduce los más de tres años que pedía el fiscal a 16 meses en total por considerar atenuantes cualificadas, por un lado, que se confesara culpable del delito y que, en vísperas del juicio, ofreciera 140.000 euros a la familia de la víctima; y, por otro, que, antes de emprender la huida, comprobara que otras personas atendían a la víctima tras el atropello. Es cierto que el Código Penal de 1995 considera atenuante la confesión voluntaria, con independencia de que responda o no a "arrepentimiento espontáneo", como exigía el viejo Código; pero suena a broma hablar de confesión voluntaria cuando se produjo tras la detención del acusado, una vez descubierto el apaño intentado para que se confesara culpable su hermano, menor de edad.

Respecto a la omisión de socorro, hay sentencias del Supremo que establecen claramente que el deber de prestar ayuda en casos como el considerado afecta a todos, y especialmente al causante del mal, sin que pueda alegarse que otros se ocupan para dejar de hacerlo. Así, lo que a simple vista más parecen agravantes que atenuantes -huir del lugar tras comprobar la gravedad del suceso, intentar culpar a un menor para burlar a la justicia-, o argucias leguleyas -ofrecer dinero a la familia de la víctima para beneficiarse de la atenuante de voluntad de reparación- han sido convertidos en coartadas de la impunidad. Es lógico que la opinión pública se alarme ante una sentencia que convierte en papel mojado los consejos de la Dirección General de Tráfico sobre comportamientos incívicos de los conductores.