El arrollador frente nacionalista

El Partit dels Socialistes (PSC) tuvo ocasión de comprobar, el pasado viernes en la comisión parlamentaria que votó el nuevo Estatuto catalán, la debilidad de su alianza gubernamental con Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (ICV). Los republicanos de Josep Lluís Carod y, en menor medida, los ecosocialistas de Joan Saura, se aliaron con Convergència i Unió (CiU) en la mayoría de temas claves de la reforma. En todas menos respecto al nuevo sistema de financiación autonómica, pues era el único punto en que el tripartito catalán partía con una propuesta conjunta.

Los últimos pactos entre CiU y ERC, sobre todo en materia de derechos históricos, enfurecieron de tal manera a los socialistas catalanes que sus diputados en la Comisión Primera llegaron a equivocarse en varias ocasiones y hubo que repetir las votaciones, por ejemplo a la hora de primar las veguerías (demarcación territorial inferior a la de la provincia) sobre las comarcas o respecto a la presencia de la Generalitat en organismos estatales. Incluso el PSC dio marcha atrás en algunas materias en las que se había mostrado a favor en el trámite de ponencia, por ejemplo en la exclusividad del Síndic de Greuges frente al Defensor del Pueblo o en la obligación que tendrán los altos cargos del Estado cuando sean requeridos a comparecer en comisiones parlamentarias.

- Derechos históricos. Esquerra Republicana dio la sorpresa y votó a favor de incluir financiación y educación en la disposición adicional que invoca los derechos históricos de Cataluña para reclamar ocho competencias. CiU respaldó la totalidad del articulado, mientras que ICV las rebajó a dos (derecho civil y lengua). Los socialistas que, en principio, estaban dispuestos a mantener la misma actitud que Iniciativa, optaron por rechazar el artículo como acto de protesta. El PP se opuso. El resto de materias son administraciones públicas; régimen local; cultura y seguridad.

- Traspaso de competencias. Al final serán nueve las materias que el Estatuto reclamará al Estado su traspaso en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. El PSC se abstuvo en aeropuertos, puertos y en dos artículos de inmigración y votó en contra del resto. ICV apoyó las nueve menos en la que se reclama la competencia en obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, que se abstuvo. El resto son telecomunicaciones; referendos, y tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. El Partido Popular rechazó este capítulo pues su enmienda a la totalidad del título de competencias, con redacción alternativa, fracasó por el pacto del resto de los partidos.

- Leyes orgánicas. Iniciativa per Catalunya respaldó al bloque nacionalista de ERC y CiU al reclamar, mediante una disposición adicional, la reforma de seis leyes orgánicas: Tribunal Constitucional; Poder Judicial; Régimen Electoral General; Funcionamiento de la Administración General del Estado; Referendos y Defensor del Pueblo, además de la ley del Ministerio Fiscal.

- Cataluña como nación. El PP se quedó sólo votando en contra de definir a Cataluña como una nación. Los populares defendían la opción de nacionalidad, incluida en la Constitución.

- Ciudadanos españoles o del Estado. El rodillo entre Esquerra Republicana, Convergència i Unió e Iniciativa per Catalunya volvió a funcionar a la perfección al atribuir la condición política de catalanes a los "ciudadanos del Estado" que residan en Cataluña frente a la opción de socialistas y populares que defendían "a los ciudadanos españoles".

- Otras alianzas. La complicidad de ICV no cayó en saco roto y ERC y CiU apoyaron su enmienda, en contra del criterio inicial, para que un 20% de los ayuntamientos que representen al menos el 20% de la población puedan pedir la reforma del Estatuto. ERC se quedó sola al reivindicar el etiquetado en catalán.