Fraga se despide sin adjudicar más televisiones ni blindar a sus altos cargos

Manuel Fraga evitó ayer que la despedida de su Gobierno quedase emborronada por la polémica. El último Consejo de la Xunta presidido por él dejó al próximo Ejecutivo la decisión de otorgar las nuevas licencias para las televisiones y radios locales y desestimó un proyecto que hubiese consolidado la categoría y los salarios de 1.200 funcionarios con puestos de libre designación. El Gobierno en funciones, que se reunió la víspera de la investidura del nuevo presidente, Emilio Pérez Touriño (PSdeG), dejó comprometidos gastos por importe de 75 millones.

Los dos asuntos que tenía sobre la mesa el Consejo de la Xunta revoloteaban desde hace tres semanas por los despachos del Gobierno y venían precedidos de una turbia polvareda. A Fraga se le vino encima un chaparrón desde que la semana pasada concedió las licencias para dos nuevas televisiones de ámbito autonómico. Las críticas arreciaron desde los partidos que formarán el próximo Gobierno, PSdeG y BNG, y a ellas se sumaron algunos de los excluidos de las concesiones que hasta ahora no se habían distinguido precisamente por su animosidad contra el PP.

Fraga trató de apaciguar a los descontentos con la promesa de que habría un mayor reparto cuando, en la última reunión del Gobierno en funciones, se adjudicasen otras 63 licencias de televisión local y 72 de radio, seis de ellas autonómicas y el resto también locales. El presidente de la Xunta reveló ayer que ya había incluso "un acuerdo previo con los medios de información para ese reparto". Pero, a última hora, surgieron "algunas dificultades en el complejo procedimiento", y el Ejecutivo, en el que había división de opiniones al respecto, prefirió que sean socialistas y nacionalistas los que concluyan el proceso.

Tampoco era unánime la postura del Gobierno, según confesó Fraga, sobre el otro asunto pendiente, el proyecto de decreto para blindar la categoría de los funcionarios de libre designación. Al presidente en funciones le apremiaban algunos consejeros y, sobre todo, cargos de su Administración. Un grupo de éstos le dirigió un escrito tras las elecciones para pedirle que no les dejase "abandonados" y proclamar su deseo de "volver a servir cuanto antes a un Gobierno popular". Pero Fraga prefirió atender al informe desfavorable del Consello Consultivo de Galicia y al rechazo frontal de todos los sindicatos de la Administración. Como prueba de su "buena fe", el presidente anunció que el PP propondrá esa medida en el Parlamento una vez que tome posesión el nuevo Gobierno. Los sindicatos destacaron que Fraga ha querido despedirse con "un punto de dignidad".

Lo que sí dejó aprobado el Ejecutivo en su última reunión, como venía haciendo en las últimas semanas, fue una remesa de inversiones. El Consejo autorizó obras en varios municipios que suman más de 13 millones de euros y aprobó un convenio para transferir 62 millones a la Diputación Provincial de Lugo, gobernada por el PP, como "liquidaciones pendientes" por servicios de asistencia sanitaria.

El BNG exigió a Fraga que, antes de abandonar el poder, reúna de nuevo al Consejo de la Xunta para "revocar todas las decisiones que sí ha tomado y que hipotecan económicamente la acción del nuevo Gobierno". "Si no lo hacen ellos, tendrá que hacerlo el próximo Ejecutivo", afirmó el portavoz parlamentario nacionalista, Carlos Aymerich.

Los socialistas denunciaron que el mero hecho de haber convocado al Consejo de la Xunta en medio del proceso parlamentario para investir nuevo presidente "ya resulta escandaloso", según el portavoz del PSdeG, Ismael Rego. "Si por encima hubiese aprobado las medidas anunciadas, el escándalo sería mayúsculo", añadió Rego.