El juez imputa al ex consejero Ignasi Farreres, de Unió, en el 'caso Turismo'

El juez de instrucción por el caso Turismo ha revelado supuestos nuevos episodios de malversación de fondos públicos que se produjeron en el Departamento de Trabajo de la Generalitat cuando gobernaba CiU. El juez imputa a quien fue su titular, el democristiano Ignasi Farreres, los delitos de prevaricación y malversación por encargar cuatro estudios a empresas dirigidas por dos de los acusados del caso Turismo.

Las investigaciones judiciales del caso Turismo, de supuesta desviación de las ayudas que repartió el Consorcio de Turismo de Cataluña, han dado a conocer un nuevo caso de malversación de dinero público durante la gestión de CiU en la Generalitat. Esta vez, el juez que instruyó el caso Turismo, Francisco González Maíllo, imputa los delitos de prevaricación, malversación de caudales de la Generalitat y falsedad documental a Ignasi Farreres, que fue consejero de Trabajo y presidente de Unió Democràtica de Cataluña (UDC).

Farreres fue el responsable del Departamento de Trabajo durante 11 años, entre 1988 y 1999, y dimitió de la presidencia del partido democristiano tras hacerse público el denominado caso Pallerols, de supuesto financiamiento irregular de Unió Democràtica a través de las subvenciones que repartía el Departamento de Trabajo para realizar cursos de formación ocupacional. El juez imputó ayer al ex consejero por haber adjudicado durante su mandato cuatro estudios jurídicos de dudosa utilidad a dos empresas vinculadas a militantes de UDC imputados también por el caso Turismo.

Las empresas adjudicatarias (Gestumer y Socesca) eran dirigidas por Víctor Manuel Lorenzo Acuña y Santiago Vallvé, que meses atrás se sentaron en el banquillo de los acusados en el juicio por el caso Turismo, cuyo fallo se hará público en septiembre. El juez constata que ambas empresas son "las mismas adjudicatarias que cobraron en su día del Consorcio de Turismo de Cataluña determinades cantidades que se consideraron delictivas".

Las dos empresas facturaron en 1995 al Departamento de Trabajo entre 5.500 y 6.000 euros por cada uno de los cuatro informes que elaboraron. De éstos, llegaron a entregar únicamente uno, que el auto define como un "burdo plagio" de documentación ya existente.

Asimismo, las sociedades adjudicatarias Gestumer y Socesca, según el auto del juez, "carecían de infraestructura y de especialización para realizar estudios". En su día, el juez definió Gestumer como "una mera pantalla para desviar dinero público".

El auto judicial también recuerda que en ninguna de las adjudicaciones de la Generalitat consta "la justificación de la necesidad del gasto ni su finalidad". Asimismo reconoce que el consejero Farreres adjudicó la realización de estos informes dándose "una apariencia de concurrencia de ofertas que, indiciariamente, no es tal".

Además de Farreres, el auto también imputa al entonces secretario general de Trabajo e Industria, Josep Maria Servitje, por realizar los informes propuestos y dar el visto bueno a las facturas que permitieron el cobro, y a los dirigentes de las empresas adjudicatarias, Lorenzo Acuña y Vallvé.