La fiscalía acusa de prevaricación a los dos últimos alcaldes marbellíes

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por prevaricación contra la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, su antecesor en el cargo, Julián Muñoz, y otros siete concejales del actual equipo de gobierno por la adjudicación directa a la empresa Construcciones Brick 2.000, SL de varios inmuebles que eran de propiedad municipal en pago de una deuda por obras realizadas en el municipio. El caso fue denunciado el pasado abril por el PP. Yagüe aseguró ayer que no se cometió ninguna irregularidad. "Seguro que la comisión de gobierno ha hecho lo que sea legal para saldar una deuda que habíamos heredado", declaró.

Según se recoge en la querella, en julio de 2002 el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz, firmó un convenio con Construcciones Brick 2.000 por el que se comprometía a enajenar en pública subasta determinados inmuebles municipales para obtener dinero con el que liquidar la deuda de 860.492 euros contraída con esta empresa. La subasta se declaró desierta y en mayo de 2003, Muñoz entregó a la empresa un local ubicado en el sótano de un edificio en Nueva Andalucía, dos áticos en Banana Beach y otra vivienda en el edificio Napoleón para saldar la deuda.

Curiosamente, el local de Nueva Andalucía fue arrendado en octubre de 2003 -con Yagüe ya en la alcaldía- al Ayuntamiento a cambio de una renta anual de 50.400 euros. Pero Construcciones Brik 2.000 alegó que sobre el local pesaba una orden de embargo de 674.000 euros cuando le fue cedido. Por esa cuestión, el local en cuestión estaba embargado, motivo por el que en octubre de 2004 el Ayuntamiento y la empresa firmaron un nuevo convenio para permutar el local por dos áticos de lujo situados en la urbanización Lunamar.

El convenio contó entonces con los informes contrarios del interventor y secretario municipales e incluso la Junta de Andalucía llegó a pedir a Yagüe que revocase el acuerdo.

Verdadero artífice

La fiscalía, que considera a Muñoz como el "verdadero artífice de la trama", estima que los concejales marbellíes cometieron un delito de prevaricación al adjudicar directamente a Construcciones Brick 2.000 las viviendas municipales, tras declarar desierta la subasta, en cuyo caso debieron abrir el procedimiento negociado para asegurar la concurrencia de otros interesados.

Entre los siete concejales querellados, miembros todos ellos de la comisión de gobierno, figuran los dos primeros tenientes de alcalde, la ex socialista Isabel García Marcos y el andalucista Carlos Fernández.

La actual alcaldesa, Marisol Yagüe, insistió en que el acuerdo fue legal y que lo único que hizo fue buscar una solución a un problema heredado para evitar que la empresa pudiese exigir responsabilidades al Ayuntamiento por estafa, puesto que el local que le cedió su antecesor estaba embargado.