CiU y ERC reducen las apelaciones a los derechos históricos en el Estatuto catalán
El PSC considera insuficientes los recortes introducidos por los nacionalistas en la reforma
La apelación a los derechos históricos en la reforma del Estatuto catalán experimentó ayer una reducción de la mano de Esquerra Republicana y Convergència i Unió. Pero el PSC y sus socios de Iniciativa per Catalunya siguen considerando insuficiente esta rebaja que se produce 24 horas antes de la votación de la reforma, artículo por artículo, en comisión parlamentaria. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, propuso al líder de la oposición, Artur Mas, recuperar el término "excluyentes" para blindar las competencias, a cambio de que CiU renuncie a invocar los polémicos derechos históricos.
Mas manifiesta a Maragall la voluntad de CiU de apoyar el Estatuto en septiembre
El centro de gravedad de la reforma del Estatuto estuvo ayer entre la ponencia parlamentaria y el palacio de la Generalitat, donde el presidente Pasqual Maragall se entrevistó con los máximos dirigentes de CiU y ERC, Artur Mas y Josep Lluís Carod; recibió a la presidenta del grupo parlamentario socialista, Manuel Madre, y a su portavoz, Miquel Iceta, y se mantuvo en contacto con el consejero de Relaciones Institucionales y líder de ICV, Joan Saura. El presidente de la Generalitat pidió a los líderes políticos -incluidos los de su propio partido- que pusieran el interés general por encima de tacticismos. A estas alturas del debate ya se sabe que la solución no llegará hasta septiembre, pero el hecho de que tanto Carod como Mas se mostraran esperanzados en lograr un acuerdo dio alas a que, en la ponencia, CiU y ERC rebajaran sus exigencias. Fuentes próximas a Maragall aseguraron anoche que el líder de la oposición mostró su voluntad de aprobar la reforma del Estatuto en la Cámara catalana en septiembre.
Maragall convocó a mediodía a Carod y mantuvo con él una entrevista de una hora. Tras el almuerzo, volvió a reunirse con él, y con los diputados de ERC y del PSC Joan Ridao y Miquel Iceta, respectivamente. De estas reuniones salió Carod asegurando que los derechos históricos "son irrenunciables" para su partido e intentando restar dramatismo a una situación política. Tras la reunión entre Maragall y Carod, los republicanos salieron sosteniendo que el Estatuto acabará haciendo mención a los derechos históricos, aunque no necesariamente dentro del cuerpo del texto. Sin embargo, lo que Maragall les había pedido es que la apelación a estos derechos se desplace del cuerpo central del Estatuto a una disposición adicional que trataría sólo sobre tres materias directamente vinculadas con la historia: el derecho civil catalán, la lengua y la derogación del decreto de Nueva Planta de 1717. Por lo tanto, no como elemento de amparo de competencias.
Pero lo que salió ayer de la ponencia no son tres sino ocho competencias amparadas por los derechos históricos, gracias a una transacción entre ERC y CiU, a la que se oponen el resto de partidos. Los convergentes incluían inicialmente 18 competencias y los republicanos, siete. El pacto entre ambas formaciones también facilitó una reducción de las competencias -de 12 a nueve- a traspasar mediante el artículo 150.2 que la Constitución reserva a la discrecionalidad del Estado. Los republicanos están dispuestos a hacer más concesiones en este punto en el trámite de comisión o pleno.
Las posturas se acercaron, aunque no lo suficiente para que los socialistas catalanes dieran su beneplácito. La ponente del PSC, Lídia Santos, declaró al finalizar los debates en ponencia: "Nuestra advertencia de ayer [por el martes] va en serio. No se puede aprobar un Estatuto en contra del principal partido de gobierno en Cataluña y del que gobierna en España". Y refiriéndose a Esquerra Republicana, añadió: "No es legítimo que un socio de gobierno actúe como ha actuado".
Por la tarde, Mas planteó al presidente catalán cinco condiciones irrenunciables para que los nacionalistas bendigan el texto estatutario. Mas reclamó que el nuevo sistema de financiación otorgue a Cataluña la capacidad de recaudar y gestionar todos los impuestos y después pactar con el Gobierno central la cuota de solidaridad, informa Jesús García. CiU tampoco votará a favor si el Estatuto no incrementa sustancialmente las "competencias blindadas", si configura un modelo territorial y social cerrado -especialmente respecto a la laicidad en la educación pública-, si se incluye el sistema electoral en el Estatuto y si no existe "unidad de acción y de criterio" entre los partidos catalanes durante la tramitación del Estatuto en las Cortes.
No obstante, Mas, que dijo querer subrayar los aspectos positivos de la entrevista, que se prolongó durante dos horas, se mostró optimista respecto a alcanzar un acuerdo en los capítulos territorial y social y en recuperar el término "excluyentes" como fórmula para blindar las competencias. El dirigente nacionalista reclamó a Maragall que no haga "una cuestión importante" de su negativa a incluir en el texto una apelación a los derechos históricos.
El debate sobre si la autonomía de Cataluña se basa en los derechos históricos o en la Constitución tuvo lugar ya en 1978, cuando se elaboraron la Constitución y el Estatuto. La posición ampliamente mayoritaria entre los partidos catalanes fue, entonces, prescindir de los derechos históricos, y tomar pie en la Constitución. Sin embargo, siempre ha habido un debate intelectual y político sobre este asunto, en el que ha habido defensores de la reactualización política de los derechos históricos por algunas figuras destacadas como el ponente constitucional por UCD, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, y un dirigente socialista catalán tan significativo como el ex ministro Ernest Lluch.
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