Guerra cuestiona la constitucionalidad del Estatut en el articulado de Justicia, Hacienda y el valenciano

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el socialista Alfonso Guerra, se reunió hace unos días con la secretaria ejecutiva de política autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, para plantearle sus dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos del proyecto de Estatut valenciano, según fuentes conocedoras del encuentro. Estas fuentes apuntaron que Guerra se mostró preocupado por la viabilidad de los artículos que conciernen a la Administración de Justicia, al servicio tributario, a la llamada cláusula Camps, al uso del valenciano y la carta de derechos.

El dirigente socialista también cuestiona la llamada 'cláusula Camps'

Por lo que respecta a la Administración de Justicia, Guerra se mostró especialmente reticente por los artículos que se refieren al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) valenciano, el derecho foral y la creación de un Consell propio y a las competencias que se puedan derivar. Sáenz de Santamaría, sin embargo, insistió ante Guerra en que, a su juicio, no se da al TSJCV ninguna nueva competencia, puesto que no podrá crear jurisprudencia en ningún caso y su doctrina será siempre susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Puntualizó que este órgano judicial sólo sería última instancia para la interpretación del derecho foral valenciano y el autonómico, tal y como ya se recoge en las leyes procesales.

Ambos dirigentes políticos también intercambiaron puntos de vista sobre la constitucionalidad del futuro Consell de Justicia valenciano, recogido en una reforma del Estatut pactada por el PP valenciano y el PSPV-PSOE. Guerra opinó que este nuevo órgano puede rebasar los límites de la Carta Magna, mientras que la secretaria ejecutiva del PP alegó que no se ha creado como institución delegada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni para hacer nombramientos, sino para ejercitar funciones en el ámbito de competencias ya transferidas y vinculadas a la gestión de recursos materiales y humanos y, al tiempo, dar cabida a las opiniones de los jueces afectados.

La creación del servicio tributario valenciano en régimen de descentralización funcional también fue motivo de análisis. El PP defiende que, en este caso, se trata de convertir la Dirección General de Tributos de la Generalitat valenciana en un organismo público descentralizado, sin otorgarle más competencias que las que ya posee o sean determinadas por ley orgánica. Además, Sáenz de Santamaría subrayó ante Guerra que tampoco se prevé que este nuevo servicio tributario pueda ejercer ninguna competencia en el área de tributos compartidos, aunque sí en los cedidos por el Estado y según la legislación vigente.

Alfonso Guerra, tal y como ya hiciera públicamente en algunos cursos de verano, criticó las referencias del nuevo Estatut al uso del valenciano y al hecho de que no se especifique el derecho a la enseñanza en castellano. El artículo séptimo del proyecto determina: "La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza de, y en, el idioma valenciano".

A esto, el PP replica que el Estatut establece un derecho sin imponer una obligación y que es respetuoso con el bilingüismo, ya que no establece el valenciano en zonas donde se habla mayoritariamente el español. Otro de los asuntos que preocupaba a Guerra era el hecho de que el Estatut incluya una Carta de Derechos que ya están recogidos en la Constitución de 1978. No obstante, Sáenz de Santamaría cree que los derechos recogidos en ese apartado estatutario "no se solapan" en ningún momento con la Constitución porque aluden a principios rectores que la Generalitat debe garantizar a los valencianos, como el derecho al agua.

Guerra y Sáenz de Santamaría intercambiaron criterios también acerca de la disposición adicional del proyecto conocida como cláusula Camps -que da a Valencia la posibilidad de solicitar competencias ya cedidas a otras autonomías- y cuya constitucionalidad y viabilidad jurídica han puesto en duda distintos juristas.

Para el PP, esa cláusula no tiene carácter vinculante, sino que ofrece a la Generalitat valenciana la oportunidad de promover iniciativas legislativas para que, en el caso de que otras comunidades obtengan competencias mediante el artículo 150.2 de la Constitución, Valencia pueda reclamarlas también.