Rabassa, caza mayor
El cronista recuerda cómo a mediados de los años cincuenta del pasado siglo, algunos influyentes promotores impusieron su ley y construyeron a su antojo, sin respetar ordenanzas ni normativas. Los ayuntamientos franquistas toleraron estropicios, desmanes y abusos. Alicante era un territorio que se ofrecía a los cazadores de fortunas, en un ejercicio inmobiliario salvaje. Así, se desarrollaron excrecencias, despropósitos y barbaridades, mientras se asolaban edificios nobles y vestigios históricos. Alicante no perdió su nombre, pero perdió su carácter, su personalidad, su pasado y hasta su futuro. Curiosa e increíblemente, la dictadura le ofrecía así un modelo y unos procedimientos de desarrollo urbano a la democracia. Y cuando llegó la democracia, que no es el paraíso, pero sí el menos perverso de los sistemas políticos, la democracia exhibió sus limitaciones y recursos. Una limitación evidente: la muy costosa y complicada demolición de algunos edificios que colapsaban el paisaje urbano, tenía que pagarla de su bolsillo el vecindario, en tanto los constructores se iban prácticamente de rositas. Con abundante documentación y asesoramiento, el cronista escribió sobre tanto desmán en una conocida y especializada revista, y recibió algunas notas anónimas, de naturaleza infame. Un recurso: la demagogia. Atrincherarse detrás de 8.000 VPO (no confundir estas viviendas de precio tasado, con las viviendas sociales), para justificar todo el conjunto del plan Rabassa, es un ejemplo de demagogia, pero además de demagogia de libro. El cronista entiende que el grupo municipal popular del Ayuntamiento -o parte del mismo- apruebe este plan, que queda a trasmano del PGOU. Y lo entiende porque, en su opinión, el PP se muestra sumiso y obediente a los que de verdad mandan; "esta ciudad la hacen los promotores" (Carmen Rivera, presidenta del Colegio de Arquitectos, en estas mismas páginas, el 22 de mayo último), y el cronista incluso presume que no sólo la hacen, sino que la gobiernan, en la sombra, a cambio de muy sustanciosos beneficios. Pero ya no entiende que el grupo municipal socialista también le diera su apoyo. Y no lo entiende porque el PSPV-PSOE, aunque dentro de la moderación, es un partido de izquierda, así, por lo menos, nos lo dice la historia. El cronista, con toda su modestia, piensa que en la decisión, a su juicio precipitada y desatinada, ha faltado debate, análisis y explicaciones muy diáfanas a la ciudadanía. La prueba del desatino de la decisión es que provocó la dimisión del secretario de la agrupación socialista alicantina. Poco después, se hizo cargo de la dirección una gestora presidida por el veterano dirigente Antonio García Miralles. El cronista conoce el propósito de García Miralles de pensar y dialogar con todos acerca del plan Rabassa, y cuando esté solventado el conflicto, hacia finales de año, se procederá a la elección de una nueva directiva socialista. En este asunto, que avanza entre calores y clamores, EU que se opuso al plan, ha denunciado la publicidad presuntamente engañosa que realiza el grupo de empresas de Enrique Ortiz. Entre tanto, de esta sociedad nuestra, tan indolente o indiferente, ha surgido una plataforma cívica contra el plan Rabassa, que presentó una queja al Síndic de Greuges y que prepara diversas acciones. Por cierto, ¿se va a entrevistar con Blas Bernal, portavoz del grupo socialista? Ya veremos qué.
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