Barcelona rectifica y no cierra los apartamentos turísticos legales

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado marcha atrás en la decisión de cerrar todos los apartamentos turísticos de Ciutat Vella que no estén agrupados en un mismo edificio. El borrador del plan de usos del distrito suponía, según los empresarios del sector, el fin de la actividad de 810 de los 1.000 pisos de la ciudad que hasta ahora se han alquilado de forma legal a los turistas. El Ayuntamiento ha decidido mantener abiertos los pisos que tengan la autorización de la Generalitat, pero advierte de que a partir de ahora no dará más licencias si los apartamentos no están agrupados en la misma finca.

Escribiendo "alquiler apartamento turístico Barcelona", el buscador de Internet Google procesa los datos y ofrece una lista de 53.200 páginas web. Y eso para un sector que en la capital catalana sólo tiene un millar de pisos autorizados por el Gobierno catalán, que exige la prestación de unos servicios mínimos que ahora se propone ampliar con una nueva normativa.

Las molestias que causan algunos turistas que se alojan en estos apartamentos a los vecinos del edificio obligaron al distrito de Ciutat Vella a regular estos negocios. Los representantes vecinales se quejaron con insistencia en varias audiencias públicas. Hasta se denunció que en un piso se jugaba un partido de fútbol.

El distrito fijó que la actividad de estos negocios debía ocupar toda la finca, y los prohibía en los edificios donde hubiera uso residencial. Entonces, un portavoz de Ciutat Vella afirmó: "Con independencia de si tienen o no la autorización de la Generalitat, si incumplen el nuevo plan de usos, no se les concederá la licencia de actividad y deberán cerrar en diciembre de 2006" (EL PAÍS del 8 de abril).

Ahora el distrito ha revisado su postura. El concejal de Ciutat Vella, Carles Martí, aclaró a este diario: "primero se regulará todo lo que se tiene y es legal". Esto significa que se revisarán los 810 apartamentos que hay en Ciutat Vella y que están inscritos en el registro de la Generalitat. "Si cumplen la normativa de urbanismo, por ejemplo, si no dividen el piso en varios espacios para alquilarlos de forma independiente, entonces tendrán la licencia de actividad", aseguró Martí. El otro requisito es que los clientes de estos apartamentos "no atenten" contra la convivencia vecinal. "Si estos empresarios han hecho bien las cosas y cumplen las normas vigentes, no habrá ningún problema", agregó.

Más complicado lo van a tener los que alquilen sus pisos sin la autorización de la Generalitat y los que quieran abrir un nuevo negocio de este tipo en Ciutat Vella. "No les vamos a dar nuevas licencias si en el edificio vive gente que reside todo el año. Es decir, el modelo va a ser similar al de un hotel, porque los apartamentos deberán estar agrupados en una finca", afirmó Martí.

El Gobierno catalán, además, ya ha anunciado su intención de aprobar este año una nueva legislación para frenar la proliferación de pisos que se comercializan de forma ilegal. Entre otras medidas, los inspectores de Turismo revisarán las ofertas de Internet y comprobarán que los pisos están registrados.

Los empresarios del sector en Barcelona aplauden la rectificación del distrito, pero consideran que el plan de usos invade competencias de la Generalitat. "Es más respetuoso porque reconoce que los apartamentos que están registrados pueden seguir con su actividad, pero es duro porque, por ejemplo, fija que los pisos para turistas deben estar agrupados en una finca y tener un conserje, lo cual debe fijarlo la Dirección General de Turismo de la Generalitat", aseguró el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Joaquim Mestre.

Sin embargo, fuentes de Turismo consideran que el plan de usos de Ciutat Vella es "completamente legal". "Cada municipio tiene la competencia de decidir las actividades que quiere y las que excluye de su territorio", aseguraron estas fuentes. Si bien el plan de usos regularizará esta bolsa de 810 apartamentos, Mestre cree que a menudo se confunden los apartamentos con las "pensiones encubiertas", que, a su juicio, son las que causan molestias a los vecinos. "No tenemos constancia de quejas por culpa de nuestros clientes a Consumo o al Ayuntamiento. Tenemos sobre todo a familias que buscan tranquilidad", asegura Mestre.