EE UU prorroga la Ley Patriótica, la legislación especial de lucha antiterrorista
Catorce de los 16 apartados de la ley pasan a ser permanentes, a falta del debate en el Senado
Horas después de los nuevos atentados de Londres, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la renovación de la Ley Patriótica, legislación especial antiterrorista que se elaboró y entró en vigor en octubre de 2001, después del 11-S, y cuyas principales provisiones expiran a finales de año. Catorce de los 16 apartados pasaron a ser permanentes, y los otros dos -los más polémicos- fueron prorrogados por 10 años. Pero la versión definitiva deberá ajustarse al debate pendiente en el Senado, que tendrá lugar el próximo otoño.
La votación, tras una larga y a veces bronca sesión, fue 257 a favor contra 171; 14 republicanos rompieron filas y se opusieron a las condiciones de la prórroga, pero 43 demócratas -algunos de peso- se unieron a la mayoría en la renovación de la ley, saludada por George W. Bush como "clave en los esfuerzos para luchar contra el terrorismo y proteger a los norteamericanos".
La alarma de Londres pesó en las nueve horas de debate: "Aprendimos después del 11-S la importancia de que las autoridades sean más activas y agresivas para descubrir tramas terroristas, y los recientes atentados de Londres nos demuestran que hay aún peligrosas redes terroristas", dijo el republicano Dennis Hastert, presidente de la Cámara.
La ley se aprobó hace casi cuatro años como un refuerzo de los poderes de la policía en la investigación y vigilancia de supuestos terroristas y para mejorar la coordinación de las distintas agencias y aparatos de seguridad. Sus dos apartados más controvertidos son la sección 206 y la 215. La primera permite que la policía pueda obtener permisos judiciales para intervenir conversaciones telefónicas o mensajes de correo electrónico. La segunda autoriza el acceso a datos privados, como historiales médicos, transacciones financieras o información sobre préstamos de libros en bibliotecas públicas.
Un número notable de congresistas y de grupos de defensa de los derechos civiles temen los abusos de las medidas extraordinarias: "La historia demuestra que recortar las libertades en tiempos difíciles nos hará lamentarlo como una traición a nuestros valores fundamentales", según Lisa Graves, de la Unión Americana de Libertades Democráticas.
Los defensores sostienen que esos poderes ya existen en las investigaciones de delitos comunes, y que en la Ley Patriótica se exige que un juez apruebe las peticiones policiales. En la Cámara se aprobó además una enmienda (402 contra 26 votos) que requiere que el director del FBI, personalmente, apruebe cualquier petición de acceso a historiales de préstamos de libros.
El debate se centró en los dos apartados mencionados y en la necesidad o no de que la ley tenga carácter permanente. A punto estuvo de haber sorpresa cuando una enmienda que proponía la prórroga por cuatro años logró el respaldo de la mitad de la Cámara. El ultraconservador Dana Rohrabacher se apuntó con entusiasmo; él votó a favor de la ley tras el 11-S, pero no para toda la vida: "No se nos puede pedir que, en tiempos de paz, vivamos bajo leyes extraordinarias que se aprobaron en tiempos de crisis. Los poderes de emergencia para las investigaciones no deberían convertirse en norma cuando las crisis pasan", dijo Rohrabacher. La enmienda alcanzó un emocionante empate a 205, pero la movilización republicana en el tiempo extra hizo que fuera derrotada (218-209).
En opinión del defensor del proyecto, James Sensenbrenner, puesto que no hay pruebas de que la ley se haya utilizado mal, no tienen sentido las cláusulas de provisionalidad; los legisladores están para evitar que haya abusos, dijo. Pero su criterio fue muy discutido: "La revisión periódica de esta ley es algo bueno; fue un esfuerzo para dar respuesta a retos difíciles de una democracia, pero ¿cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar para sentirnos seguros?", se preguntó el demócrata Martin Meehan.
La batalla definitiva se producirá en otoño. Horas antes del voto en la Cámara, el Comité Judicial del Senado aprobó su propio proyecto, en el que se contempla una prórroga de sólo cuatro años para las secciones 206 y 215 y se modifica la actual ley con más controles sobre Justicia y nuevas restricciones de los poderes especiales de investigación. Pero en otra versión de la ley aprobada hace un mes por el Comité de Inteligencia del Senado se permite al FBI que pueda pedir historiales de investigaciones terroristas previas sin permiso del juez, y se le permite también controlar a su criterio el acceso al correo de los sospechosos. Por tanto, falta un debate completo en el Senado sobre la ley y será necesario luego conciliar los dos proyectos antes de que Bush firme el texto.
Las "herramientas adecuadas"
Patriot, el nombre de la ley aprobada el 24 de octubre de 2001, seis semanas después de los atentados de Nueva York y Washington, recoge las siglas en inglés de su largo título, cuya traducción es "Proporcionar las Herramientas Adecuadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo". De manera similar a lo que ocurre con la Constitución europea, son pocos los estadounidenses que se han leído los más de 300 folios de la ley. Parte de la población cree a la Casa Blanca y a Justicia cuando dicen que se trata de ajustes normales y medidas necesarias en la coordinación de la lucha contra la amenaza terrorista; otro amplio sector es recepctivo a las denuncias de que la Ley Patriótica es una amenaza permanente a las libertades básicas. En ambos argumentos hay verdad: amplias partes de la ley son lógicas e inofensivas, pero otras son peligrosas, por el poder que trasladan a manos de la policía.
La ley, que tiene como objetivo "prevenir y castigar acciones terroristas en EE UU y en el mundo y refozar las herramientas policiales", actualiza lo aprobado 27 años antes en materia de interceptación de comunicaciones electrónicas y se divide en cuatro partes. En síntesis, da mayor poder a las fuerzas del orden para interceptar comunicaciones; crea nuevos delitos, nuevas penas y nuevos procedimientos en la lucha contra el terrorismo nacional e internacional; permite un mayor control de las fronteras y facilita los procedimientos de detención y expulsión de sospechosos de actividades terroristas; refuerza la capacidad del Tesoro para investigar movimientos de dinero.
En la primera parte aparecen las polémicas secciones 206 y 215. La 206 recoge la antigua posibilidad de intervenir comunicaciones telefónicas, la amplía a Internet y otros sistemas y simplifica el procedimiento, al no exigir permiso para cada operación, sino para cada persona o investigación, con lo que las posibilidades son casi infinitas. Con la 215, mediante un permiso judicial -para el que no hay que argumentar causa probable, sino pura sospecha-, se puede tener acceso a "cualquier elemento tangible", incluidos historiales financieros o médicos, a los datos telefónicos o de alquiler de libros o de vídeos y a los viajes realizados.
¿Qué se ha logrado con la ley? Hay datos que no coinciden, pero, según Justicia, hubo hasta 2004 unas 370 personas acusadas en investigaciones sobre terrorismo, de las que 195 fueron declaradas culpables.
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