Fraga adjudicará canales de televisión antes de la investidura de Touriño

El Gobierno gallego en funciones está ultimando los trámites para conceder las licencias de emisión a dos canales de televisión digital terrestre de ámbito autonómico antes del próximo día 29, cuando el socialista Emilio Pérez Touriño será investido presidente de la Xunta en sustitución de Manuel Fraga. La reunión semanal ordinaria del Ejecutivo, que debería celebrarse hoy, ha sido aplazada a mañana para estudiar diversos asuntos pendientes, según explicaron fuentes de la Xunta, entre ellos el concurso para las licencias televisivas.

El Gabinete de Manuel Fraga está sometido en los últimos días a fuertes presiones de los grupos que aspiran a hacerse con las frecuencias para los dos canales autonómicos de televisión digital terrestre, además de otros 63 de ámbito local y 72 emisoras de radio.

Para las televisiones digitales autonómicas, la Xunta medita entre tres opciones, según confirmaron fuentes del Ejecutivo. Una es la presentada por el Grupo Voz, editor de La Voz de Galicia, el primer diario de la comunidad; otra solicitud ha sido presentada por la Cope y una tercera, por un consorcio en el que se integran la productora cinematográfica Filmax, el financiero coruñés Juan Carlos Rodríguez Cebrián, ex director general de Inditex, y cinco periódicos, Faro de Vigo, El Progreso, La Región, El Ideal Gallego y El Correo Gallego, este último asociado a El Mundo.

"El proceso está muy avanzado", afirmó ayer el vicepresidente primero en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, quien no confirmó cuándo se aprobarán las adjudicaciones. Para mañana está convocado un Consejo de Gobierno, pero el Ejecutivo aún medita convocar el último que presidiría Manuel Fraga para el próximo día 28, con lo que coincidiría con la sesión parlamentaria de investidura del nuevo presidente del Gobierno gallego. La Junta de Portavoces de la Cámara acordó ayer que ese debate comience el próximo día 27 y finalice el 29. La izquierda, PSdeG y el BNG, tienen ya cerrado el acuerdo para formar Gobierno.

Fraga también tiene sobre la mesa un proyecto de decreto para consolidar los destinos y el rango administrativo de más de un millar de funcionarios que ocupan cargos de responsabilidad por libre designación del actual Gobierno. El Consello Consultivo de Galicia -una especie de Consejo de Estado a nivel autonómico- desaconsejó la pasada semana la aprobación de ese decreto por considerarlo "contrario al ordenamiento jurídico". El órgano consultivo advirtió a Fraga de que, al encontrarse en funciones, tiene sus "potestades limitadas" y, por tanto, carece de atribuciones para aprobar esa medida.

Informe contradictorio

Núñez Feijoo reveló ayer que el Consello Consultivo ha emitido otro informe contradictorio con ése en el que no presenta objeciones a la adopción de medidas similares para el personal del Servizo Galego de Saúde con puestos de libre designación. El vicepresidente interino no quiso adelantar si el Gobierno adoptará la medida que le habían pedido hace tres semanas un grupo de funcionarios con cargos de responsabilidad mediante un escrito en el que reclamaban a Fraga que "no deje abandonados a los que le sirvieron fielmente durante 15 años".

La Xunta ha incluido el polémico proyecto entre los asuntos del orden del día a debatir en una mesa de negociación con los sindicatos convocada para mañana. La audiencia a la parte sindical es un trámite previo imprescindible antes de aprobar medidas que afecten a la estructura de la función pública. Fuentes próximas a Fraga explicaron que el presidente en funciones ha pedido a todos sus consejeros que estudien el asunto, ya que su propósito es consultarlos uno por uno antes de tomar una decisión.

Los consejeros han recibido una carta personal del sindicato nacionalista CIG en la que se les advierte de que si aprueban el decreto, pese a las advertencias del Consello Consultivo, podrían incurrir en un delito de prevaricación. La CIG se ha dirigido también a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para denunciar que el Gobierno en funciones se dispone a aprobar "una resolución ilegal, con pleno conocimiento de su ilegalidad".