La izquierda gallega cierra su acuerdo tras renunciar el BNG a dirigir la política lingüística

Dos semanas de negociaciones, con sus altibajos y sus momentos de tensión, culminaron ayer en un derroche de parabienes mutuos entre el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), después de cerrar su acuerdo para gobernar Galicia los próximos cuatros años. Los nacionalistas cedieron finalmente en su pretensión de dirigir la política lingüística a cambio de un compromiso de los socialistas para consensuar las líneas generales de la gestión de esa área, así como de las relaciones con los medios de comunicación públicos y privados.

Los portavoces de ambas delegaciones, el secretario de Organización del PSdeG, Ricardo Varela, y el coordinador de la ejecutiva del BNG, Francisco Jorquera, se estrecharon la mano ante las cámaras y se felicitaron mutuamente por su trabajo, tras una reunión de poco más de una hora en un hotel de Santiago. Los pilares del acuerdo se habían asentado previamente en una entrevista entre los líderes de ambas fuerzas, el socialista Emilio Pérez Touriño y el nacionalista Anxo Quintana, quienes salvaron las diferencias finales. Touriño y Quintana ya habían pactado la pasada semana que el segundo será el vicepresidente único de un Gobierno con ocho consejeros socialistas y cuatro nacionalistas.

El principal motivo de discordia que aún subsistía, la política lingüística, se salvó con una "fórmula salomónica", en expresión de un dirigente del Bloque Nacionalista Galego. Los nacionalistas cedieron en el propósito de que la promoción social del gallego quedase bajo su mando en la Consejería de Cultura. Accedieron a que esa área dependa de forma directa del presidente socialista con el compromiso de que se consensuarán las líneas generales de la gestión.

Nombramientos pactados

Una fórmula mimética a la que se seguirá para asignar las competencias sobre los medios de comunicación, uno de los asuntos que más se han debatido en las negociaciones finales. Socialistas y nacionalistas se comprometen a pactar el nombramiento del responsable de la televisión y la radio autonómicas antes de cambiar la ley para que lo elija el Parlamento por mayoría cualificada. También abordarán de forma conjunta la revisión y regulación de las cuantiosas ayudas a los medios privados que ha concedido en los últimos años el Gobierno de Manuel Fraga.

Otra de las áreas de gestión que se discutieron hasta el último momento, la política contra los incendios forestales, quedó asignada a una de las consejerías nacionalistas, la de Medio Rural, que abarca también Agricultura.

En el programa del futuro Ejecutivo figura como uno de sus objetivos primordiales la reforma del Estatuto de Autonomía y se evita el uso de la palabra nación, sustituida por una referencia al "carácter nacional" de Galicia. Tampoco se reclama la "deuda histórica del Estado" con la comunidad autónoma, como pretendía el BNG, pero se alude al "déficit estructural de Galicia". El PSdeG ha asumido la demanda nacionalista para reclamar al Gobierno central que dedique a esa comunidad "un mínimo" del 8% del total de inversiones en infraestructuras.

El BNG, sin embargo, no ha conseguido que sus interlocutores accedieran a una regulación sobre las cajas de ahorro que diese más poder de intervención al Gobierno autónomo. Según fuentes nacionalistas, el PSdeG sólo aceptó incluir entre los propósitos del Ejecutivo una mención al interés en "democratizar" esas entidades y fomentar su compromiso financiero con Galicia.

Las líneas generales del pacto están recogidas en un documento de 25 folios al que se le dará hoy la redacción final. Touriño y Quintana lo presentarán en un acto público, probablemente el próximo sábado. El PSdeG y el BNG propondrán hoy en la Junta de Portavoces del Parlamento autónomo que la sesión de investidura de Touriño como presidente se inicie el próximo día 27. De aceptarse así, el líder socialista recibiría la confianza de la Cámara el viernes 29 y a la semana siguiente recogería el testigo de Manuel Fraga en la presidencia de la Xunta.