CiU y el tripartito renuncian a alcanzar un acuerdo sobre la financiación antes de las vacaciones

Los representantes del Gobierno tripartito de la Generalitat y los del grupo parlamentario de CiU aplazaron ayer hasta setiembre la negociación del título del Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre la financiación. La decisión se tomó ante la decisión de CiU de mantener viva su propia propuesta sobre este título hasta el debate de la reforma estatutaria por el pleno del Parlamento catalán.

El ponente de CiU, Francesc Homs, atribuyó el aplazamiento de la reunión sobre la financiación al esfuerzo para "priorizar" las negociaciones sobre los demás aspectos de la reforma, en los que la aproximación es más fácil.

En los variados contactos bilaterales que estos días tienen lugar entre los ponentes del Estatuto catalán, CiU ha hecho saber a sus interlocutores que "se esforzará" en llegar a acuerdos durante el trámite de la reforma en Comisión, que finaliza el día 29, pero no sobre la financiación.

Esto incluye aspectos como la controvertida definición de las competencias compartidas por la Generalitat y el Estado, o el retoque de por lo menos seis artículos del texto de la ponencia en los que subsisten observaciones de inconstitucionalidad formuladas por el Instituto de Estudios Autonómicos.

Dicho de otra manera, el consejero de Economía del Gobierno catalán, el socialista Antoni Castells, requirió a CiU para que "no se encierre en actitides maximalistas y radicales" en la defensa de su propuesta de financiación de la Generalitat. Castells recordó a los nacionalistas que "su propuesta basada en la soberanía fiscal y el sistema de cupo es inviable". El consejero añadió: La cuota de solidaridad entre comunidades "no nos afecta sólo a nosotros", por lo que no puede ser decidida unilateralmente por Cataluña en su Estatuto.

A pesar de las dificultades para cuajar un acuerdo, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, anunció ayer que la Generalitat quiere lanzar una campaña favorable al nuevo Estatuto una vez que éste sea aprobado en el Parlament, para que durante su tramitación en las Cortes se demuestre que cuenta con apoyo social y que detrás de los políticos "hay un país".