Bruselas denuncia la concesión de las autopistas de peaje de Ávila y Segovia

La Comisión Europea ha decidido demandar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por la adjudicación en 1999, a la compañía Iberpistas, de las autopistas de peaje que enlazan Segovia y Ávila con la AP-6 (Villalba-Adanero). Bruselas considera la concesión, decidida por el Gobierno del PP, irregular. La demanda afecta también a la prórroga de la concesión de la AP-6 hasta 2050. La Comisión considera que el procedimiento de adjudicación de dicha concesión incumplió la Directiva 93/37/CEE sobre contratos de obras públicas, al incluir un paquete adicional de infraestructuras que no figuraba en el anuncio de licitación ni en el pliego de condiciones.

Las obras adicionales de infraestructuras consisten en la construcción de un nuevo carril reversible (que incluye un nuevo túnel) entre San Rafael y el Valle de los Caídos, la construcción de nuevos carriles en otros dos tramos (uno de ellos sin peaje), la construcción de una nueva área de peaje y otras mejoras en un túnel existente.

El importe del paquete adicional de infraestructuras equivale más o menos al de las obras en los tramos nuevos hacia Segovia y Ávila, que se incluían en el anuncio de licitación. La Comisión considera que no se dio el mismo trato a todos los licitadores, ya que el órgano de contratación seleccionó una oferta que incluía el paquete adicional de obras, que no se había anunciado.

Por otro lado, en opinión de la Comisión, la existencia en el pliego de condiciones de dos cláusulas (una pidiendo a los licitadores que indicasen en sus ofertas las medidas propuestas para la gestión del tráfico y otra obligando a garantizar que los niveles de tráfico en la autopista no superarían los límites establecidos) no puede permitir una ampliación tan sustancial del objeto de la concesión, con respecto a lo publicado en el anuncio de licitación.

Las denuncias contra la concesión a Iberpistas comenzaron en el año 2000. Entonces, el sindicato CC OO de Ávila y la Plataforma Sierra de Segovia iniciaron las actuaciones contra la concesión en Bruselas. La primera consecuencia fue que la Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea ya llamó la atención al Gobierno español sobre las presuntas irregularidades de la concesión en el año 2002. Entonces, Bruselas dio dos meses al Ejecutivo para que modificara la adjudicación. El Ministerio de Fomento, dirigido entonces por Francisco Álvarez Cascos, ignoró la petición.

Desde 1968

Iberpistas inició la explotación de la autopista AP-6 en el año 1968. El periodo de concesión fue por 50 años y la explotación debía finalizar, por tanto, en el año 2018. Fomento decidió, en 1999, adjudicar la construcción y explotación de dos nuevos ramales de conexión con la AP-6 (hacia Ávila, AP-51, y hacia Segovia, AP-61). El pago de las nuevas construcciones sería, precisamente, el negocio que quedaba sin dueño a partir de 2018, la autopista de peaje AP-6. Así, el nuevo adjudicatario gozaría de la explotación de la autopista AP-6 desde el 29 de enero de 2018 hasta 2050. El problema fue que el adjudicatario fue la misma Iberpistas, que superaba así los plazos permitidos por la legislación para la explotación de las vías.