Las líneas rojas

DESPUÉS DE UN AÑO largo de trabajo, la ponencia del Parlamento de Cataluña constituida para iniciar la reforma del Estatuto de 1979 -aunque sería más propio hablar de un nuevo Estatuto- presentó finalmente su dictamen con el voto de los partidos integrantes del Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV), la abstención de CiU y el rechazo del PP. Las posteriores negociaciones emprendidas por el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros con los dirigentes políticos catalanes hacen suponer que la versión inicial de la proposición de ley estatutaria será enmendada a su paso por la Comisión y por el Pleno antes de llegar a las Cortes. El dictamen de la ponencia está cosido con hilvanes: los partidos no sólo de la oposición sino también del Gobierno han anunciado votos particulares sobre el articulado. Las fechas probables para la conclusión de los trabajos de la Comisión es el 29 de julio y para la votación por el Pleno, el 11 de septiembre. Si el texto fuese finalmente aprobado (el artículo 56 del actual Estatuto exige una mayoría de los dos tercios de los 135 escaños) por el Parlamento catalán, la proposición sería enviada a las Cortes para su debate como ley orgánica; el Congreso y el Senado podrían endosar, rechazar o enmendar parcialmente el texto recibido. Si ese largo viaje legislativo llegase a su destino, todavía sería necesario someter el texto definitivo a referéndum vinculante de los ciudadanos de Cataluña.

Aprobado ya el dictamen de la ponencia, los grupos parlamentarios debatirán y negociarán sus votos particulares en comisión antes de someter el texto definitivo al pleno del Parlamento de Cataluña

El doble ámbito -autonómico y estatal- de la tramitación del Estatuto aumenta la complejidad de los juegos de estrategia entre los negociadores y dificulta al máximo los pronósticos razonables. Aunque condenada a la oposición tanto en Madrid como en Barcelona, CiU cuenta con el arma disuasoria de una inexpugnable minoría de bloqueo -46 escaños- en el Parlamento catalán. A la hora de decidir el sentido de su voto, la coalición nacionalista deberá elegir entre dos riesgos: si bien el apoyo al nuevo Estatuto ofrecería a sus principales adversarios en las urnas (PSC y ERC) la oportunidad propagandística de apuntarse los méritos de la empresa, el boicot mediante la abstención -como en la ponencia- o el rechazo disgustaría seguramente a su clientela electoral. En cambio, ERC -y en menor medida también ICV- dispone de importantes bazas negociadoras en ambos escenarios: el apoyo parlamentario al Gobierno de Zapatero y la participación en el Consejo Ejecutivo de la Generalitat.

A los socialistas catalanes les corresponde la difícil tarea de conciliar las aspiraciones de ERC e ICV sobre el nuevo Estatuto con el imperativo de asegurar no sólo su constitucionalidad sino tambien el encaje funcional dentro del Estado autonómico de sus instituciones y competencias, así como la solidaridad entre las poblaciones de los distintos territorios. El traspaso por el Parlamento catalán de las líneas rojas trazadas por el Gobierno sobre los puntos mas polémicos (desde las ambigüedades terminológicas hasta el sistema de financiación, pasando por el blindaje competencial, la organización judicial y la autonomía de los ayuntamientos) situaría al grupo parlamentario socialista entre la espada y la pared: aun a riesgo de perder el apoyo de ERC y de ICV en el Congreso y en el Parlamento catalán, lo que obligaría a Zapatero y a Maragall a convocar elecciones anticipadas, al PSOE no le quedaría más opción que cerrarse en banda.

El esfuerzo para alcanzar el más amplio consenso sobre el nuevo Estatuto catalán debería incluir al PP. Es cierto que los populares -con sus 15 escaños- no disponen de minoría de bloqueo en Cataluña; el Congreso también podría aprobar sin su concurso el nuevo Estatuto: le bastaría con la mayoría absoluta exigida a las leyes orgánicas. Sin embargo, sería absolutamente conveniente -como dijo la vicepresidenta del Gobierno después del encuentro entre Zapatero y Rajoy el pasado enero- sumar al PP a ese consenso. Pese a la tendencia al aislamiento de los dirigentes populares, la actitud constructiva de su presidente en Cataluña, Josep Piqué, y el pacto PP-PSOE para la reforma del Estatuto de Valencia dan cierto margen a la esperanza.