La oficina antifraude será aprobada este mes y dependerá del Parlament

La oficina antifraude del Gobierno catalán dependerá finalmente del Parlament para garantizar su libertad de acción en aquellas investigaciones que afecten al Ejecutivo. Así lo ha decidido el Gobierno de Pasqual Maragall tras cuatro meses de negociaciones con sus socios de gobierno en las que, sin embargo, todavía no han acordado si el organismo que debe prevenir la corrupción podrá intervenir también en los ayuntamientos, aseguran fuentes de Esquerra. Los socialistas rechazan esta interpretación y defienden que la indepedencia no la garantiza la institución de la que depende la oficina, lo que le ha enfrentado a ERC. En medios próximos al secretario de Gobierno, el socialista Ernest Maragall, se asegura que no se oponen a que se investiguen los ayuntamientos.

La creación de la oficina antifraude, uno de los buques insignia del Gobierno de izquierdas y catalanista, es un compromiso adquirido en el pacto del Tinell, en el que, sin embargo, se adscribía a la Sindicatura de Cuentas. El hundimiento de las obras del metro en el barrio del Carmel y la crisis del 3% por las acusaciones de corrupción hacia el Gobierno de CiU en la contratación de obra pública aceleraron la creación de este organismo. Sin embargo, el proceso se ha lentificado en los últimos dos meses por los desacuerdos entre Esquerra Republicana y el entorno del presidente.

Mientras que Esquerra siempre ha defendido que la oficina debe depender del Parlament y trabajar en colaboración con el departamento del primer consejero, sectores del PSC y especialmente el secretario del Gobierno, Ernest Maragall, abogan por que el Ejecutivo tuviera un control más directo sobre la actividad de la oficina antifraude. Estas discusiones, explican fuentes próximas a la negociación, enfrentaron directamente al secretario del Gobierno con el primer consejero, Josep Bargalló. Ernest Maragall defendió ayer, a preguntas de este diario, que la independencia de la oficina no está más garantizada por el hecho que dependa del Parlament o del Gobierno catalán. "¿De quién depende la fiscalía?, se preguntó Maragall.

Un fiscal, al frente

A pesar de las desavenencias, se llegó a un acuerdo en la reunión del consejo técnico de la Generalitat de la semana pasada en la que se deciden los asuntos que tratar en el Consell Executiu. Así, fuentes del Gobierno informaron de que el director de la oficina antifraude será propuesto por el presidente de la Generalitat a través del primer consejero, pero su nombramiento sólo será efectivo si el candidato logra el apoyo de los dos tercios de los diputados del Parlament. La relación de la oficina antifraude con el Gobierno se hará a través del primer consejero.

Precisamente han sido estos desacuerdos entre los socios del tripartito lo que ha dificultado el anuncio oficial sobre quién sería la persona que dirigiría la oficina antifraude. Hace cuatro meses se supo que el elegido iba a ser David Martínez Madero, miembro de la Fiscalía Anticorrupción, nacido en El Masnou hace 41 años y especializado en delitos económicos. El fiscal nunca confirmó que ocuparía el cargo y fuentes de la fiscalía explicaron que no daría su sí definitivo hasta atar todos los cabos en el cargo, incluida precisamente la dependencia orgánica que tendría y las competencias. Martínez Madero tiene fama de ser un fiscal muy riguroso en su trabajo, explican quienes le trataron en Barcelona, que en ningún momento hubiera aceptado ocupar el cargo si no se le garantizaba libertad de actuación para actuar, si hiciera falta, contra organismos gobernados por socios del tripartito.

Así las cosas, todo indica que hay acuerdo acerca de las líneas generales de la oficina antifraude, aunque todavía persisten desacuerdos de no poco calado político. El primer consejero, Josep Bargalló, choca con Ernest Maragall al defender que la oficina antifraude pueda investigar también a los ayuntamientos y al conjunto de la Administración local si existen indicios de irregularidades.

El conflicto quedará resuelto en la reunión del Consejo de Gobierno Local de Cataluña prevista para el próximo miércoles, en la que se emitirá un informe sobre el alcance que deberían tener las investigaciones de la oficina antifraude en el ámbito local, aseguran fuentes de ERC.

El borrador de la ley de la Oficina Antifraude que todavía está discutiendo el Gobierno catalán indica que ésta debe basar sus actuaciones en las "administraciones de Cataluña". A juicio de Esquerra Republicana resulta obvio que los ayuntamientos forman parte de estas administraciones, mientras que para los citados sectores del PSC, el texto se refiere solamente a la Generalitat.

Aparte de estas discrepancias, el Gobierno está trabajando estos días para encontrar la fórmula a fin de que la nueva oficina antifraude pueda investigar sin invadir las competencias de la Sindicatura de Cuentas o las reservadas al Síndic de Greuges. Fuentes del departamento del primer consejero señalan que esta tarea está "casi terminada", de manera que esperan acabar de pulir el texto a finales de julio para poderlo aprobar en el último Consell Executiu antes de las vacaciones de agosto.