El fantasma Carod Rovira

¿Quién se acuerda de Xabier Arzalluz?Desde el final de la primera legislatura del PP y especialmente desde la firma del Pacto de Lizarra con ETA, el entonces presidente del PNV se convirtió, en el discurso del PP y en el de los medios de comunicación que siguen su estela, aunque a veces se la marcan, en la mayor amenaza que se cernía sobre la unidad de España y sobre la estabilidad constitucional de la que habíamos disfrutado desde 1978. Xabier Arzalluz se ha esfumado del panorama político sin que ninguna de las agoreras previsiones que se pusieron en circulación se viera confirmada.

Pero como la derecha española parece no saber vivir sin identificar una amenaza para la unidad de España, apenas nos hemos olvidado de Xabier Arzalluz, tenemos en presencia otro enemigo de la unidad de España con el que tenemos que enfrentarnos, Josep Lluís Carod Rovira. Ahora no es del País Vasco de donde procede la amenaza, sino que es Cataluña el origen de la misma. Amenaza que no se manifiesta a través de la aprobación de manera unilateral de una reforma estatutaria, como se hizo con el Plan Ibarretxe, sino que se expresa a través del chantaje al Gobierno español no sólo en la reforma del Estatuto catalán, sino también en muchas cosas más, como los papeles de Salamanca, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el trasvase del Ebro entre otras.

España e Inglaterra son los únicos Estados europeos que han mantenido sus fronteras desde hace 500 años

Carod Rovira pasará, como ha pasado Xabier Arzalluz, sin que se resquebraje España y sin que se vea afectada su estabilidad constitucional. España e Inglaterra son los únicos Estados europeos que han mantenido sus fronteras desde hace 500 años. Todos los demás, en mayor o menor medida, se han estado rehaciendo de manera recurrente. Y a lo largo de esos 500 años hemos tenido ocasión de rompernos en bastantes ocasiones y en circunstancias sumamente dramáticas. Si la unidad de España pudiera ser puesta en cuestión por figuras como Xabier Arzalluz y Josep Lluís Carod Rovira, simplemente habríamos dejado de existir hace ya mucho tiempo.

No hay ninguna amenaza sobre la unidad de España. Hay un debate sobre la posición que cada uno de los territorios del Estado español quiere ocupar en la estructura de dicho Estado. Y el debate está abierto con carácter general. Las formas de manifestación del mismo en las Islas Baleares o en las Islas Canarias no se diferencian significativamente de la forma en que se está manifestando en Cataluña o incluso de la forma en que se manifestó en el País Vasco con el plan Ibarretxe.

Este tipo de debates territoriales son siempre los más difíciles de resolver constitucionalmente. En todos los países. España no es una excepción. Tampoco es el país donde el problema se exprese con mayor intensidad. En Europa en los últimos 30 años hemos asistido a experiencias mucho más desestabilizadoras que en España. Y en otros continentes también.

Es un momento, por tanto, para mantener la cabeza fría e intentar analizar cada propuesta en los términos en que ha sido formulada con base en dos criterios:

1º La constitucionalidad o no de la misma. No porque la Constitución sea sagrada, sino porque si se quiere reformar la Constitución, hay que seguir el procedimiento previsto en ella misma para su reforma o revisión y no se puede proceder de manera subrepticia mediante la reforma de los estatutos.

2º La funcionalidad de la misma para la operatividad del Estado autonómico. La Constitución y los estatutos de autonomía no son compartimentos estancos, sino vasos comunicantes. La Constitución y los 17 estatutos de autonomía constituyen el llamado "bloque de la constitucionalidad", mediante el cual se define normativamente la estructura del Estado.

Quiere decirse, pues, que no basta con que las reformas estatutarias sean constitucionales, sino que además tienen que ser funcionales, esto es, tienen que hacer posible que el Estado autonómico en su conjunto opere con el mismo o superior nivel de eficacia con que lo ha venido haciendo estos últimos 25 años.

La constitucionalidad de la reforma es condición necesaria pero no suficiente para aceptar una propuesta de reforma. Habrá que analizar si con dicha propuesta se puede garantizar el ejercicio de los derechos por los ciudadanos y la prestación de los servicios por las distintas administraciones de manera apropiada o no.

Hasta ahora el debate se ha centrado exclusivamente en el primer aspecto, pero a medida que los textos vayan siendo aprobados en los distintos Parlamentos autonómicos y sean enviados a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, se tendrá que tomar en consideración el segundo. No se puede tener 17 respuestas diferentes para el ejercicio de la misma competencia sobre la misma materia. Así no hay Estado que pueda funcionar.

Afortunadamente el debate va a comenzar por la reforma del Estatuto valenciano, que técnicamente es bastante defectuosa y que va a exigir, en consecuencia, un trabajo de corrección notable a su paso por el Congreso de los Diputados.

Y afortunadamente a la vuelta de las vacaciones tendrá que enfrentarse por vía de urgencia en la Conferencia de Presidentes el problema de la sanidad, en el que nadie va poder pretender diferenciarse de los demás. Ni en el ejercicio de la competencia ni en lo relativo a la financiación de la misma.

En este otoño vamos a estar debatiendo no sobre fantasmas, sino sobre propuestas concretas de reforma. Y de una manera jurídicamente ordenada. Con presentación de propuestas articuladas, con enmiendas concretas a dichas propuestas y con un debate público en torno a ellas. Está claro que en ese debate habrá que ajustar todas las piezas del Estado autonómico. Pero este trabajo es considerablemente menor y comporta muchos menos riesgos para la unidad de España que el que la sociedad española tuvo que hacer entre los años 1977 y 1982. Y en unas circunstancias económicas, políticas y constitucionales mucho mejores. Ya está bien de fantasmas.