Una juez anula los despidos que dictó Pérez Devesa en represalia contra los socialistas

Una juez de lo contencioso-administrativo ha dejado sin efecto, de forma cautelar, la destitución de seis asesores del grupo socialista del Ayuntamiento de Benidorm que fue decretada en abril por el alcalde de esa ciudad, el popular Vicente Pérez Devesa, tras acusar al portavoz del PSPV de incumplir su compromiso de respaldar que el nuevo pabellón deportivo de la ciudad se llamara Eduardo Zaplana. El gobierno local, con mayoría absoluta del PP, anunció ayer que Pérez Devesa recurrirá el auto. El PSPV va a pedir la reincorporación inmediata de sus asesores.

En un auto de 6 de julio, María José Purkiss Pina, magistrada sustituta del juzgado de lo contencioso-administrativo 2 de Alicante, acordó suspender el decreto que dictó el pasado mes de abril Vicente Pérez Devesa para destituir a seis asesores del grupo municipal socialista. El fallo es la respuesta judicial al recurso interpuesto por uno de los seis asesores, Miguel Soldevilla Pérez, quien alegó que su destitución produciría un perjuicio grave para el interés general al dejar a la oposición del Ayuntamiento "absolutamente mermada en sus posibilidades" de ejercer sus labores de control y fiscalización de la acción de gobierno municipal.

El alcalde advirtió a los socialistas de que despediría a sus seis asesores si no cumplían lo pactado verbalmente para dar el nombre de Eduardo Zaplana al nuevo pabellón de la ciudad. Y así lo hizo tras un pleno municipal en el que la instalación deportiva se bautizó con otro nombre. Los socialistas siempre niegan la existencia de ese pacto con el PP.

Cada uno de los seis asesores despedidos interpuso sendos recursos contencioso-administrativos. Los asesores sostienen en sus recursos que las destituciones supondrían "importantes perjuicios" económicos para ellos y sus familias, y que "mermarían gravemente" los medios humanos con los que contaba el grupo municipal socialista para fiscalizar el trabajo del equipo de gobierno, que tiene "más de una veintena de funcionarios de apoyo".

La resolución judicial señala que, según doctrina del Tribunal Supremo, la destitución del puesto de trabajo ocasiona al funcionario perjuicios económicos y morales evidentes que no precisan, en principio, ser acreditados. "Esa medida habrá de adoptarse salvo en supuestos en que razones de interés público aconsejen su denegación", señala el auto. La juez, que no entra en el fondo del asunto, considera que "no se aprecia especial detrimento para los intereses generales" si se suspende, de manera cautelar, el decreto de Alcaldía, porque existe la posibilidad de aplicarse posteriormente.

La magistrada también argumenta la suspensión cautelar del decreto en el perjuicio que representa para el demandante la destitución de su puesto de trabajo, y el hecho de que no conste que "se haya perdido la actitud de confianza" hacia él como funcionario asesor. La magistrada estima que la ejecución del decreto de alcaldía en estos momentos, es decir, el despido de los trabajadores, puede suponer "un agravamiento de la situación" del demandante. La vista de esta causa, donde se abordará el fondo del asunto, se ha fijado en febrero de 2006.

El portavoz del gobierno local, el popular Antonio Pérez, anunció ayer un recurso al auto de la juez, porque la resolución de alcaldía, dijo, es "impecable". A su juicio, la resolución judicial "no se ajusta a derecho al aplicar a este caso la doctrina general de los funcionarios", categoría que no tienen los asesores socialistas despedidos, ya que son "cargos de confianza". Pérez resaltó que según el punto cuarto de los fundamentos jurídicos del auto, "no consta temeridad o mala fe por ninguna de las dos partes".

El secretario general del PSPV-PSOE en la Marina Baixa, Jaime Llinares, aseguró ayer que va comunicar el auto al secretario municipal para la "reincorporación inmediata de los trabajadores". A su juicio, los asesores fueron "víctimas de una represalia" por parte de Pérez Devesa. Según Llinares ya se ha dictado un segundo auto en el mismo sentido y auguró que "idéntica suerte van a correr los otros cuatro" asesores.

La secretaria general del PSPV-PSOE en Benidorm y portavoz adjunta municipal, Maite Iraola, declaró: "La Justicia ha corregido lo que los órganos del PP pudieron hacer y no hicieron".

Por el despido de los asesores Pérez Devesa está imputado en otro juzgado por coacciones y amenazas.