Una auditoría revela pagos sin justificar en la privatización de Initec

Vicente Martínez-Pujalte, diputado del PP, salió ayer al paso del informe del Tribunal de Cuentas que censura algunas de las privatizaciones realizadas bajo el mandato del PP: "Se hicieron con luz y taquígrafos". El PSOE, en cambio, ve plasmadas "irregularidades de peso". El informe, entre otros, asegura que en algunos casos, como Initec, se produjeron pagos de la SEPI, "cuya fundamentación no aparece suficientemente justificada".

PP y PSOE discreparon ayer sobre el alcance de la fiscalización por el Tribunal de Cuentas de la privatización de empresas entre 1996 y 2002. Mientras Martínez-Pujalte puso el acento en la filtración del informe, que incardinó en una "técnica de desprestigio" del PP y en una "politización de las instituciones", Francesc Vallés, por el PSOE, destacó que el informe denunciaba algunas "irregularidades de bastante peso".

Entre ellas, se encuentra la siguiente. El tribunal, que preside Ubaldo Nieto, señala en sus conclusiones que en el proceso de privatización de Initec (Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología), SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Estatales) realizó diversos pagos, cuya "fundamentación no aparece suficientemente justificada". En concreto, tal frase, sin mayor concreción, parece referida a diversos pagos efectuados por la SEPI por los ajustes sufridos en el precio de venta por la compensación de deudas no contabilizadas o aprovisionadas, por la asunción de obligaciones de los anteriores gestores planteadas después de la privatización y por el pago de mayores indemnizaciones para reestructuración de la plantilla.

Las compensaciones de precio supusieron un pago de 1.098 millones de pesetas (unos 6,5 millones d euros); otro pago añadió 1.205 millones de pesetas más en concepto de inexistencia de activos y otros factores, y un tercer pago sumó otros 400 millones para reestructurar la plantilla. El tribunal sostiene que "la exigibilidad de estos pagos resulta cuestionable". Y, sobre el último abono, afirma: "El compromiso para dicho pago aparece asumido no en el contrato de venta, sino en una carta fechada el 29 de julio de 1999

[es decir, la misma fecha que el contrato privado de compraventa de Initec] firmada por quien era el presidente de la SEPI sin antefirma ninguna y que, además, carece de membrete que identifique a la SEPI o de registro que autentifique su fecha". En cualquier caso, precisa, "en el texto del acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó la privatización no se hacía referencia ni a este compromiso de pago de los 400 millones de pesetas ni a ninguna carta adicional en la que se hiciese constar este hecho".

El tribunal analiza 48 operaciones y encuentra que "en ocasiones, el periodo transcurrido entre la elaboración del informe de valoración y la formalización ha sido tan amplio que las circunstancias que fundamentaron aquella valoración habían variado en el momento de producirse la transmisión de las acciones". En ese sentido, sostiene que "el precio obtenido fue en general superior a la valoración media establecida"; pero "sensiblemente inferior en las de Red Eléctrica, Aceralia, Iberia, Almagrera y Productos Tubulares".

Censura a la SEPI del PP

Por otro lado, un informe sobre la propia SEPI durante los ejercicios de 1998 a 2000 pone de relieve un incremento del capital circulante de 1.272.624 millones de pesetas en dicho periodo. El uso de este dinero incluyó el depósito de 400.000 millones de pesetas en tres fondos inversión mobiliaria, que acumulaban al cierre del análisis unas plusvalías de 30.027 millones de pesetas. Igualmente, se destinaron los excedentes a invertir en letras de Tesoro y pagarés de empresas. El Tribunal censura la actitud de los gestores de SEPI bajo el PP: "No parece justificado que una empresa pública mantenga tan elevados niveles de tesorería, teniendo en cuenta el volumen anual de sus aplicaciones de fondos, que, en buena medida, y con arreglo a la naturaleza de estas aplicaciones, deberían quedar recogidas anualmente en los Presupuestos del Estado".

Añade: "Aunque las operaciones de financiación a corto plazo estaban restringidas por la normativa reguladora de la SEPI a empresas en las que la entidad participase mayoritariamente en su capital social, entre 1999 y 2000, la SEPI transfirió en forma de créditos a Andes Hólding BV 232,4 millones de dólares, dotando provisiones por el total del nominal y los intereses acumulados dada la falta de solvencia de Andes Hólding para devolver la financiación recibida".