25 años

El Tribunal Constitucional celebró ayer su 25º aniversario, arropado por una amplia representación de las instituciones del Estado, desde el rey Juan Carlos a todos los presidentes de las comunidades autónomas. Desde su inicio, el 12 de julio de 1980, el Constitucional ha sido pieza clave del entramado institucional de la democracia española. Y aunque ha vivido momentos delicados, unas veces por la conflictividad intrínseca de los asuntos que ha tratado y otras por la tendencia de las fuerzas políticas a utilizarlo como un instrumento más en sus batallas por el poder, puede decirse que su papel como guardián de la Constitución de 1978 no sólo no ha disminuido, sino que se ha reforzado.

Es cierto que ha acumulado serios problemas de funcionamiento por el creciente aumento de recursos de amparo sin resolver y de su actuación en la práctica como tercera instancia de la justicia ordinaria, suplantando de hecho al Supremo, lo que ha provocado absurdas y nada edificantes fricciones entre ambas instancias. Son problemas que habrá que abordar alguna vez, y cuya solución parece relacionada con una apuesta legislativa a favor del recurso de amparo judicial, previsto en nuestra Carta Magna, y que reduciría drásticamente los asuntos llegados al Constitucional.

Hay que destacar el papel que jugó en su primera etapa para la consolidación de los derechos y libertades, forzando su aplicación directa por una jurisdicción ordinaria que en buena parte se mostraba añorante del franquismo y alérgica a los valores y principios de la Constitución. Su jurisprudencia en este capítulo resultó decisiva, por su rigor y solidez, para afianzar al Estado en la defensa de esos derechos y libertades, incluso en los momentos difíciles de acoso terrorista. Y no menos decisivo, aunque más polémico, resultó su papel en el desarrollo del Estado de las autonomías.

El aniversario coincide con una etapa de reformas estatutarias y posiblemente constitucionales. En ese escenario, su función en la estabilidad del Estado se acrecienta, como ayer subrayó el Rey, y se refuerza su papel de "vértice insustituible de nuestro Estado de derecho", como afirmó su presidenta, María Emilia Casas, la primera mujer que ejerce esas funciones, un dato política y socialmente relevante, que cabe endosar al haber de la historia del tribunal.