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Editorial:

Expulsados

Pensar que esté permitida la disidencia pública en una banda terrorista sería una mayúscula ingenuidad. Por consiguiente, la expulsión de ETA de seis dirigentes históricos por criticar la estrategia de la lucha armada es parte de un guión establecido que ya ha ocurrido en el pasado. En esta ocasión, se trata de evitar cualquier fisura en la población carcelaria etarra en un momento en que la organización se prepara ante la posibilidad de una negociación con el Gobierno. Sin embargo, por muy coherente que resulte para sus fines, esta decisión contradice seriamente los anuncios tanto de su brazo político, Batasuna, como de la propia ETA de querer entablar un diálogo político y buscar una vía pacífica.

"Esta lucha armada que desarrollamos hoy en día no sirve. Esto es morir a fuego lento", afirmaban en un escrito el pasado agosto Francisco Mujika Garmendia, Pakito, uno de los líderes de la cúpula detenida en Bidart en 1992; Ignacio Arakama Mendía, Makario, interlocutor en las conversaciones de Argel en 1989, y otros cuatro destacados militantes más, todos ellos presos en la cárcel de Puerto II, en Cádiz. En la carta, filtrada en noviembre, poco antes del famoso mitin de Anoeta, en el que el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi declaraba que había llegado la hora de hacer política, los firmantes ponían el dedo en la llaga al indicar que nunca como hasta ahora la organización se había encontrado tan débil y carente de capacidad y medios.

Desde entonces ha pasado casi un año antes de que se conociera el pasado fin de semana que la dirección había comunicado la expulsión a los seis renegados. Siguiendo la lógica de la banda de eliminar cualquier atisbo de disidencia, se da por cierto que la decisión estaba tomada desde el primer momento y que durante este tiempo lo que ha tratado es de aislar a los seis y asegurarse de que esa opinión no fuese compartida, o al menos que nadie se atreviera a expresarla públicamente en iguales términos, por el resto de los más de 700 presos etarras que se hallan internados en más de cincuenta cárceles de la geografía española.

El tema de los presos figura evidentemente en lugar prioritario de la agenda de una eventual negociación de ETA con el Gobierno. De ahí el interés de la dirección por que no se trasluzcan fisuras y por forzar la cohesión. Pero expertos conocedores del mundo abertzale como Patxi Zabaleta, ex miembro de la Mesa Nacional de Batasuna y líder del escindido grupo Aralar, afirman que la mayoría de los presos etarras quieren dejar las armas. Sea como fuere, esta expulsión no es una buena señal y refleja que la banda no está aún madura para poner fin a la violencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de julio de 2005