El alcalde de Vila-real niega su pasividad ante el ruido de una fábrica y alega que pidió un estudio

El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del PP, esgrimió ayer dos argumentos en su defensa ante las acusaciones de haber hecho "caso omiso" a las denuncias por contaminación acústica de unos vecinos y que, finalmente, le han llevado al banquillo de los acusados, por un presunto delito de prevaricación y contra el medio ambiente. Vilanova aseguró ayer ante el juez que, tras las denuncias, encargó un estudio general de sonometría de la ciudad y requirió a todas las empresas que adoptaran medidas correctoras. Sin embargo, no adoptó medida alguna sobre la fábrica que causaba el ruido.

"Nunca creí que procediese de esta firma", alegó ayer Vilanova en referencia a la fábrica, y añadió que los denunciantes "estaban obsesionados con que venía de Rocersa, pero en dicho polígono industrial había muchas otras empresas que también emitían ruido, por lo que nunca creí que procediese de esta firma".

La Sección Segunda de la Audiencia de Castellón inició ayer el juicio al alcalde de Vila-real y el representante legal de la empresa Rocersa, Pedro Llop, a los que el fiscal acusa de los delitos de prevaricación y contra el medio ambiente, respectivamente. Para Vilanova solicita la inhabilitación para ejercer empleo o cargo público durante ocho años y seis meses, mientras que para el responsable de la firma pide cuatro años y seis meses de prisión y la inhabilitación durante cuatro años. Por su parte, la acusación particular demanda un año y seis meses de prisión para Vilanova por un presunto delito de prevaricación medioambiental, seis años como "cooperador necesario" de un delito medioambiental y la inhabilitación por cinco años y seis meses, entre otras cosas por omisión de perseguir el delito.

Los hechos se remontan a 1995 cuando un matrimonio, Antonio Llop y Concepción Capella, comenzaron a presentar denuncias por un ruido cuya procedencia situaron, ellos mismos, en la fábrica Rocersa y originado por un sistema de cogeneración. Los afectados requirieron diversas mediciones que reflejan la detección de más de 70 decibelios en el domicilio, cuando los máximos que la ley permite son 40.

Además, las instalaciones de cogeneración de la empresa no disponían de la preceptiva licencia de actividad, hecho que el alcalde de Vila-real conocía y que llegó a admitir ayer a preguntas del fiscal. En cualquier caso, el precinto del sistema no se decretó hasta 1998, poco antes de que el matrimonio afectado decidiera presentar una querella en la que acusaba al alcalde de un presunto delito de prevaricación por no atender a sus denuncias pese a la constancia que las mediciones.

Según el fiscal, el alcalde de Vila-real hizo "caso omiso" a las denuncias y permitió a la firma mantener su actividad a pesar de que carecía de licencia.

Ambos afectados, que ayer declararon como testigos, aseguraron que tras años soportando el ruido optaron por abandonar su vivienda y trasladarse a otro domicilio, aunque, durante los períodos estivales, siguieron acudiendo a su "maset" porque no quieren "renunciar a él". Según su testimonio, pasaron "días y días sin dormir y teniendo que ir a trabajar sin haber descansado".