Del papel a los juzgados

El caso Miller une la polémica sobre la protección de las fuentes a la división entre los medios implicados -la revista Time ha decidido colaborar con la justicia y The New York Times ha preferido la "desobediencia civil"- y al embrollo político: si se confirma que la filtración que está en el origen del asunto procede del Gobierno -esto es lo que trata de determinar un Gran Jurado, la instancia que escucha testimonios y determina si hay materia para la acusación- o se concluye que la fuente ha incurrido en prevaricación la explosión política removerá los cimientos de la Casa Blanca.

Todo empezó en julio de 2003. El día 6, el ex embajador Joseph Wilson -que en febrero de 2002 había ido a Níger para contrastar un supuesto intento iraquí de comprar uranio- denunció en The New York Times (en un artículo titulado Lo que no encontré en África) que el Gobierno no tuvo en cuenta su informe en el que decía que era "altamente dudosa" la información, y acusaba a la Casa Blanca de "exagerar la amenaza iraquí". El 14 de julio, Bob Novack escribió una columna en la que decía que la mujer de Wilson era una agente de la CIA -no especificaba que fuera secreta- a partir de la información de dos altas fuentes del Gobierno.

Los dos periodistas que rechazaron declarar fueron condenados hace un año por desacato

Otros periodistas, entre ellos Matthew Cooper, en Time, escribieron después sobre el asunto y dijeron haber recibido la misma información que Novack. Judith Miller hizo llamadas e investigó, pero nunca llegó a publicar nada.

Revelar de manera consciente -y este último punto no es un dato menor, según la ley aprobada en 1972- la identidad de un agente secreto es un delito que se castiga hasta con 10 años de cárcel. Justicia y FBI abrieron sendas investigaciones.

Por parte de Justicia se encargó un fiscal independiente, Patrick Fitzgerald, que citó para declarar ante un Gran Jurado a cinco periodistas, porque consideró que sus testimonios eran fundamentales.

Nunca se supo si además de esos cinco (Walter Pincus y Glenn Kessler, de The Washington Post, y Tim Russert, de la NBC, además de Cooper y Miller) se citó a Novack, y si Novack ha hablado, pero todo indica que ha llegado a un acuerdo con Fitzgerald. El columnista ha dicho que no hablará "hasta que el caso no se haya resuelto".

Los dos periodistas que rechazaron declarar, Cooper y Miller, fueron condenados hace un año por desacato por el juez Thomas Hogan. Ambos recurrieron y buscaron amparo en la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa. En febrero, un Tribunal de Apelaciones consideró que la Primera Enmienda no exime a los periodistas de sus deberes ante un Gran Jurado. El recurso ante el Supremo no prosperó.

El 1 de julio, Time anunció la entrega al Gran Jurado -en contra del criterio de su reportero, Matt Cooper- de documentos con información sobre el caso. El pasado miércoles, Cooper reveló que su fuente le había llamado para eximirle del compromiso de confidencialidad, con lo que iba a declarar.

Pero Judith Miller mantuvo su negativa: "Señoría, no puedo romper mi palabra sólo para no ir a la cárcel. Mi motivo es muy claro: la promesa de confidencialidad debe respetarse o el periodista perderá toda credibilidad y el público, al final, sufrirá las consecuencias".