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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Libros y lectores

España se ha saltado en su agenda de la modernización un capítulo casi entero, el de la lectura y de las bibliotecas. Entramos ahora en una informatización acelerada, preocupados con razón por incrementar las inversiones en I+D, pero no hemos completado, ni siquiera entrado a medias, en la agenda de la expansión del libro propia del siglo pasado. Ésta es una de las principales reflexiones que se hacen los editores españoles y que han expuesto ahora en el Encuentro de la Edición celebrado esta pasada semana en Santander.

No es que no se haya avanzado. Las cifras son elocuentes: en 1990 había en España 2.663 bibliotecas públicas y en 2003, según datos de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, eran 4.661; también se ha incrementado en ese periodo el número de usuarios, pues se ha pasado de tres millones a 8,7 y en número de libros en la red de bibliotecas se ha pasado de 21 a 52 millones de ejemplares en 2003. El problema es que todavía estamos lejos de superar el retraso histórico con que España entra en el siglo XXI. Varios indicadores ponen de manifiesto carencias graves. El número de títulos por habitante es de 1,1, la mitad de la media europea; el gasto corriente de las bibliotecas por habitante es de 6,22, euros frente a los 16,5 de la media europea; y se destina a la compra de libros por habitante 88 céntimos mientras la media europea dedica más de tres euros. Si se observa con más detalle la composición de las bibliotecas, se comprueba que el 42% de los libros tiene más de 25 años y sólo un tercio puede considerarse actual, justo el porcentaje inverso de lo recomendado.

Las competencias en materia de bibliotecas están en manos de las Comunidades autónomas, por lo que pocas políticas hay desde el Estado. El artículo 113 de la nueva Ley de Educación menciona la creación de bibliotecas escolares, pero su indefinición alarma a los editores. Como ha dicho el ex ministro de Educación y Ciencia Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, "se trata de una legislación benevolente que da consejos". También alarma la falta de interés de alumnos y profesores a la hora de utilizar las bibliotecas escolares. Donde se forja el hábito de la lectura es en la familia, pero la escuela tiene una función esencial de estímulo. El informe Pisa (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) de 2003 ya subrayaba la escasa comprensión lectora de los estudiantes españoles.

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Los libreros piden que la adquisición de libros para bibliotecas se realice a través de las librerías, para paliar su grave situación. Y el Ministerio de Cultura ya ha anunciado que la compra de libros para las bibliotecas estatales se realizará por primera vez este año por concurso entre las librerías provinciales. Pero existe otra preocupación: a finales de año las bibliotecas públicas comenzarán a cobrar un canon por préstamo de libros en concepto de derechos de autor. El ministerio asegura que el canon no repercutirá en el usuario, pero podría menguar los escasos recursos de las bibliotecas.

Todas las conclusiones conducen en la misma dirección: se necesita una mayor inversión pública para fomentar la lectura y para contar con una red fuerte, modernizada y bien dotada de bibliotecas públicas y escolares.

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