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Editorial:

Consenso catalán

El Estatuto de Cataluña ha entrado en la recta final que debe conducir a su votación por el Parlamento catalán, al dar la ponencia la luz verde a la proposición de ley para su reforma, con los votos a favor del tripartito (PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa), en contra del PP y la abstención de CiU. Para el tripartito, éste es el principal objetivo en el que se juega la entera legislatura. Para que el texto prospere y llegue al Congreso de los Diputados se necesitan los dos tercios de la Cámara, lo que hace imprescindible la incorporación de CiU al consenso, de forma que pase de la actual abstención al voto favorable.

Los desacuerdos entre los tres grupos de la coalición gubernamental y el obstruccionismo de CiU, angustiada porque Cataluña obtenga un nuevo estatuto sin estar en el Gobierno, han situado el debate estatutario en el centro de la política catalana. Este protagonismo ha dejado en segundo plano la acción del Gobierno, y ha tenido para la Generalitat el coste de una cierta imagen de ineficiencia y de alejamiento de las preocupaciones sociales propias de un Gobierno de izquierdas. CiU, dividida entre su alma reformista y su radicalización nacionalista, en competencia con ERC, se resistirá a ceder hasta que perciba el coste de pasar por culpable del fracaso del Estatuto. A pesar de la votación del viernes, el camino del estatuto parece ahora más despejado, aunque todavía no pueden darse por resueltos todos los escollos. El último de todos, la oposición cerrada de Alfonso Guerra al uso del término nación, algo que en principio no entraba en el capítulo de las dificultades mayores entre PSC y PSOE.

El nuevo Estatuto supondrá una ampliación de las competencias de la Generalitat, lo que permitirá atender mejor las necesidades de la Cataluña actual. El debate empezó entre maximalismos, pero está culminando su aterrizaje en el territorio de lo razonable. Cabe elogiar que un partido independentista como Esquerra haya actuado con sentido de responsabilidad, sabiendo los límites de la actual relación de fuerzas, y asumiendo el compromiso de que el nuevo texto encaje en el marco constitucional. Quienes presentan a los independentistas catalanes como una amenaza a la estabilidad y al orden constitucional deberían reflexionar sobre este hecho. De otro modo irían las cosas si los correligionarios vascos de Esquerra actuaran con el mismo sentido común.

Hay que criticar, sin embargo, que algún dirigente de Esquerra aluda ya a su provisionalidad. Nada es definitivo en materia de instituciones políticas y todo el mundo sabe que el programa máximo de Esquerra es la independencia. Pero un Estatuto no es un documento que pueda modificarse cada fin de semana. Una relación estable y de confianza entre las distintas nacionalidades y regiones de España no puede fundarse en el señuelo de la insatisfacción permanente. Maragall se comprometió a un Estatuto para una generación. Y se entiende que éste siga siendo su compromiso, siempre que el proceso se complete con las reformas constitucionales que convertirán al Senado en cámara federal.

El nacionalismo conservador de CiU ha hecho siempre del gradualismo su estrategia. Ésta fue la norma del presidente Pujol en sus 23 años de gobierno. Sería difícil de entender que en su pugna con Esquerra optara por la radicalización. En el referéndum europeo CiU empezó rompiendo la baraja para acabar optando por la sensatez. Ahora cabe esperar lo mismo. Lo demás sería ventajista, pero también suicida ante un electorado como el suyo, básicamente moderado. CiU no vería mal que el Estatuto se estrellara en las Cortes. Un fracaso en Cataluña aparecería, ante la opinión catalana, como culpa suya, pero un fiasco en Madrid sería achacable al PSC y al PSOE. Pero el pujolismo también sabe que el Estatuto es la pieza institucional básica de la ordenación política catalana. El PP de Piqué, en cambio, ha mantenido un diálogo abierto y leal durante todo el proceso. Su dilema es de calado: entrar en el consenso político catalán o aparecer como la única referencia extraña. Ahora debería ser consciente de que desde esta posición siempre le será muy difícil el acceso al Gobierno de Cataluña.

El proceso entra en un momento decisivo, cuando cada cual busca mejorar su nota. Si el trámite culmina favorablemente en el Parlamento catalán, para lo cual necesita el voto favorable de CiU, el Estatuto llegará en otoño al Congreso habiendo cumplido las condiciones pedidas por Zapatero: amplia mayoría en Cataluña y respeto a la Constitución. El debate entonces se centrará fundamentalmente en un punto: la financiación. Entre todos deberán ser capaces de encontrar una formulación que no sea incompatible con el principio de multilateralidad que rige la financiación del Estado autonómico, particularmente en el elemento central que es la solidaridad. Cataluña merece un buen estatuto, pero en ningún caso un texto que no obtenga un amplio consenso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de julio de 2005