Propuesta para cambiar el mercado eléctrico

El Libro Blanco de la Electricidad de Ignacio Pérez Arriaga ya está en manos del Ministerio de Industria, dispuesto a ser leído, interpretado y transformado en leyes o disposiciones. El contenido, aseguran los primeros exégetas del libro, será difícil de digerir en términos políticos. El investigador del Instituto de investigación Tecnológica sigue una lógica económica implacable que parte de una premisa fundamental: el mercado eléctrico de generación está dominado por grandes grupos empresariales (dos o tres, según se tenga en consideración a Unión Fenosa) y tal dominio debe ser quebrado (o reducido) hasta límites que permitan la lucha competitiva de las empresas -que beneficiará a los consumidores- y la transparencia en la determinación de precios y tarifas. La nueva regulación del mercado eléctrico debe ir orientada a conseguir este objetivo, además, por supuesto, de proporcionar un régimen de precios que refleje mejor la situación de las empresas, muchas de cuyas plantas de producción están ya más que amortizadas.

Si llega a aplicarse la fórmula de los contratos regulados, el Gobierno -o el regulador- deberá fijar la tarifa que se aplica a cada compañía

¿Y cómo se pretende desde el Libro Blanco conseguir esta nueva estructura del mercado de generación? Pues mediante un procedimiento doble o, mejor dicho, de doble consideración. En un primer momento, de carácter voluntario, las empresas pueden reducir su dominio del mercado aplicando diversos procedimientos. Uno de ellos, fácil de entender, sería la venta de activos. Sería, digamos, el equivalente de un troceamiento de empresas -sólo en la actividad de generación- al modo thatcheriano, aunque el término troceamiento sería en este caso ciertamente exagerado.

Subastas

Es dudoso, claro, que las empresas quieran reducir su dominio del mercado mediante procedimientos tan drásticos. Pero la tecnología regulatoria puede ofrecer otros sistemas igualmente válidos y de contrastada eficacia. Uno de los más reputados es el de las subastas virtuales. La empresa generadora pone en el mercado una cantidad determinada de producción eléctrica que puede ser comprada y revendida por otros operadores, agentes o comercializadores. De esta electricidad virtualmente vendida no dispone para la determinación de sus ingresos ni para el cálculo de su cuota de mercado. Las subastas de este tipo se utilizan con relativo éxito en otros mercados europeos. Si tampoco las subastas virtuales convencen a Endesa o Iberdrola, siempre les queda la solución de los contratos a largo plazo. Como puede apreciarse, las eléctricas dominantes disponen de procedimientos variados -no es difícil imaginar otros- para reducir su poder de mercado hasta los límites que se consideren razonables. Esos límites bien pueden fijarse para cada empresa en el 18% o 20% de la producción total de electricidad.

Aquí acabaría el espacio voluntario de sometimiento a las reglas de competencia. Si a través de procedimientos verificables las compañías no han bajado sus posiciones de dominio por debajo del límite establecido, aparecen los contratos regulados. Es decir, el libro se retrotrae al hecho de que las compañías tienen plantas totalmente amortizadas para sugerir que la electricidad procedente de tales centrales -o su equivalente- sea vendida a precios tasados a la baja de forma que el precio de la electricidad descienda. Ese recorte del precio podría trasladarse quizá a un abaratamiento del coste de interconexión.

Mercado en liquidación

Éste es el esquema aproximado del mercado que se vislumbra desde el Libro Blanco. Se da por descontado que se procedería a la liquidación paulatina o eliminación de ese rastrillo eléctrico compuesto -caso insólito en el mundo- por empresas vinculadas, cuyo manejo desde las sociedades reguladas produce regularmente sorprendentes déficit de tarifa e ingresos garantizados para las compañías. Sólo con que desapareciera ese mercadillo, la regulación eléctrica mejoraría de forma notable.

No obstante, una estructura de mercado como esa o parecida implica que el Ministerio de Industria deberá tomar decisiones drásticas que exigirán una cierta determinación política. Como el Libro Blanco es un objeto de debate, quizá puedan incorporarse modificaciones que permitan una negociación menos crispada con las empresas. Queda en pie además el engorroso problema de la tarifa. Porque el Gobierno tendrá que determinar la tarifa -es decir, los costes que se tienen en cuenta para calcularla- que se aplicará a las empresas que lleguen al contrato regulado.

Existe un factor que debe tenerse en cuenta cuando se afronte el cambio en el mercado de generación. Existen operaciones empresariales posibles -Gas Natural aparece en muchas combinaciones posibles para comprar bien Iberdrola, bien Endesa- que implicarían por una parte la concentración de activos, y por otra, la diversificación de fuentes de generación. Quizá un nuevo intercambio de activos orientado para que la generación más barata no esté concentrada sería también un procedimiento útil para mejorar la estructura de generación.