Jaque al urbanismo valenciano

La organización ecologista Greenpeace acaba de formular una severa crítica al urbanismo que se ha desarrollado en el litoral valenciano, saturado de cemento y con la alarmante expectativa de colosales proyectos para la construcción de centenares de miles de viviendas en los próximos años, con sus correspondientes campos de golf y puertos deportivos. La reprimenda se suma a la todavía reciente de los parlamentarios europeos a propósito de los abusos que ampara la todavía vigente ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU). Dos censuras cualificadas, pero no novedosas entre el abrumador torrente de opiniones que han venido denunciando el aprovechamiento intensivo -en realidad, puro desmán- a que a sido sometida nuestra franja costera cuando la industria inmobiliaria ya emprende el asalto a las tierras altas del interior.

Como corolario de este acoso crítico, el sector urbanizador se siente maltratado, incluso criminalizado, al decir de uno de sus cualificados portavoces. Como colectivo profesional, alega con orgullo su contribución al cambio y prosperidad del país, dos hechos innegables, aunque con serias reservas. Acerca del cambio habría mucho que hablar sobre la degradación medioambiental, que ha comportado en no pocos casos una malversación irreversible de nuestra orografía y paisajes. Tanta malversación que incluso ha gravado seriamente el futuro de la industria turística, convirtiendo en bufonada el discurso en torno a la excepcionalidad de nuestros parajes sobresaturados. En punto a la prosperidad resulta evidente que se ha producido a manos llenas. Pero el principal beneficiario no ha sido la sociedad, sino el dinámico sector empresarial.

No obstante lo dicho, a mí me parecería injusto echarle por entero el muerto al gremio promotor, ya sea de la urbanización costera como de la urbana. Como industriales en un mercado al alza, pródigo y sin perro que les ladre -excepción hecha de los ecologistas y algún partido marginal- se han aplicado a exprimir la ubre y acumular fortunas. No ha de extrañarnos que ahora, literalmente afortunados y hasta poderosos, aspiren a disfrutar de prestigio social, reivindicando la bondad de su actividad, al menos en su dimensión defendible. Y para la no defendible siempre encontrarán voceros y amanuenses que se plieguen a sus propósitos. El mundo está saturado de comunicadores, persuasores y vendecabras.

Llegados a ese extremo de salvar la imagen -aunque mejor sería non meneallo- siempre podrán alegar una evidencia: los verdaderos responsables del urbanicidio han sido los políticos. Por mediocres, por cobrar el dividendo o por no querer enterarse de cuanto ha estado sucediendo. En este capítulo, los valencianos, la verdad sea dicha, hemos tenido poca suerte con nuestra llamada clase política, administradora del patrimonio común, incapaz colectivamente de diseñar y defender un proyecto de territorio escaso y codiciado. No lo hizo el PSPV-PSOE ni lo ha hecho el PP. Y lo que es peor, en vísperas de la nueva ley urbanizadora, se calcula que hay proyectos para reclasificar cien millones de metros cuadrados, lo que podría ser una noticia jubilosa si se garantizase la sostenibilidad y encajasen en una idea razonada de este país.

Ahora, en sintonía con las críticas citadas más arriba, daba la impresión de que por parte de los dos grandes partidos se quería abordar el problema. Joan Ignasi Pla, el líder socialista, ha pedido un plan de acción territorial y el consejero del ramo, Rafael Blasco, acaba de ofrecerle un pacto para concordar la política urbanística y salvaguardarla de las discrepancias partidarias. Algo lógico a la luz de los acuerdos estatutario y sobre eliminación de basuras que han suscrito. Al fin y al cabo, ¿qué diferencias sustanciales puede haber entre la política territorial de unas y otras siglas? Sin embargo, no está el horno para este bollo. Ya se adivina que los socialistas no quieren eliminar este capítulo urbanístico de su argumentario electoral. Pues que lleven cuidado porque el tiro puede salirles por la culata dada la cantidad de alcaldes de su cuerda que son reos de los mismos desafueros que ellos acusan.