Prisión para el presunto 'cerebro' de una red que estafó a 300 inmigrantes

Antonio Villena, presunto cerebro de una red que cobraba a los inmigrantes 650 euros para gestionar su regularización, ingresó en prisión en la madrugada de ayer tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga. Su mujer, Alba Nubia A. M., quedó en libertad tras pagar una fianza de 6.000 euros, mientras que Alberto S. G. fue puesto en libertad con cargos. La policía puso en libertad a otros 14 detenidos el jueves tras tomarles declaración.

Villena preside la Asociación de Contratistas con Organismos Públicos (ACOP) y la Fundación ACOP para la integración laboral, surgida de la anterior. Según la policía, a través de esta fundación y de la cooperativa Telegestión, de la que es representante Villena, se cometieron delitos contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, estafas y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Supuestamente, la red constituía sociedades fantasma, que ofrecían contratos a los inmigrantes que no reunían las características exigidas en el proceso a cambio de 650 euros, y pedían subvenciones a la Administración por crear nuevas empresas y puestos de trabajo. Entre ambos conceptos habrían obtenido unos dos millones de euros de beneficios.

Dicha fundación denunció hace tres semanas a la Subdelegación del Gobierno en Málaga por no admitir a trámite 46 solicitudes de regularización el último día de plazo. El abogado de Villena, Francisco Sánchez Raya, opina que las detenciones están relacionadas con esta denuncia, hecho que la policía niega.

Según el letrado, los inmigrantes constituían cooperativas, que a su vez eran los empleadores, un método admitido por la ley. De las más de 300 solicitudes presentadas por la fundación por este sistema, el abogado afirma que se han resuelto favorablemente unas 200, y que ahora iba a procederse a las preceptivas altas en la Seguridad Social. "Las cooperativas se acaban de crear, y no pueden funcionar hasta que los trabajadores tengan el permiso", dice para refutar el argumento de la policía y la inspección de trabajo, que afirman que las empresas, unas 70, carecían de actividad.

Andalucía Acoge alerta contra los casos de empresarios que se niegan a dar de alta a los inmigrantes, requisito necesario para su regularización, así como de contratos comprados a empresas ficticias. Según su asesora jurídica, Elena Pallarés, en Málaga reciben al menos una consulta al día. Pallarés recomienda denunciar ante la policía.