La paz hay que sembrarla

Según leemos las noticias o escuchamos a algunos dirigentes políticos y sindicales pareciera que la educación andaluza vive en un clima de constante y gravísima violencia. No se le puede quitar importancia a ninguno de los hechos que han ocurrido, pero sí me parece muy peligroso que se utilicen con perversión o que se malinterpreten. Lo que se está logrando no es pacificar la escuela sino debilitar el sistema educativo público y, sobre todo, desacreditar a una juventud mayoritariamente generosa y pacífica y a unos profesores y responsables educativos que por regla general hacen bastante bien su trabajo. La inmensa mayoría de ellos, no lo olvidemos, resuelven día a día miles de conflictos de forma pacífica sin que eso salga en los medios.

De entrada, es injusto que olvidemos otras manifestaciones violentas mucho más sangrantes para subrayar permanentemente las escolares. ¿Cómo sustraernos a la realidad de un mundo en donde las potencias económicas pueden declarar guerras ilegítimas e ilegales que matan a cientos de miles de personas?, ¿cómo olvidar que sólo en España se interpusieron 100.000 denuncias por malos tratos en 2004 y que más de 35.000 personas fueron condenados por esa causa?, ¿cómo soslayar que cualquiera de nuestros hijos habrá visto en televisión decenas de miles de actos de violencia cuando llegue a la mayoría de edad?, y ¿por qué centrarnos en la violencia adolescente en las aulas y no preocuparnos del mobbing, de la discriminación o de los abusos violentos de todo tipo que, en mucha mayor medida, también realizan los adultos que deberíamos darle ejemplo?

Hay mucha hipocresía social cuando nos escandalizamos ante la violencia escolar sin querer ser conscientes de los modelos de comportamiento que ofrecemos a los jóvenes. ¿Cómo nos puede sorprender que haya niños que insulten a sus profesores si eso es lo mismo que hacen los políticos entre sí o las celebridades que salen en las horas punta de las emisiones televisivas? Plantamos a nuestros hijos durante horas ante la pantalla donde se introducen e identifican con la violencia, la imitan y terminan por aceptarla como la forma eficaz de hacer frente a los conflictos. Nos acostumbramos a convivir con la violencia estructural del desempleo que destroza la autoestima juvenil, fomentamos la agresividad competitiva que desalienta la solidaridad y la cooperación, y diseñamos los espacios sociales para el ensimismamiento que impide complacerse en los otros. En lugar de divulgar la tolerancia y el buen gusto nos recreamos en la zafiedad y en la falta de respeto. Es decir, que conscientemente dilapidamos los antídotos de la violencia y renunciamos a la justicia en aras del comercio: ¿cómo vamos así a generalizar la paz en la familia, en la política, en la calle o en la escuela?

Lo que quiero decir con todo esto es que para responder a la situaciones de violencia que nos rodean y de forma específica a la que se produce en el sistema educativo no bastan las soluciones simplistas, las demandas de mano dura, las expulsiones fulminantes o la segregación. Detrás de muchos reclamos de autoridad solo hay autoritarismo trasnochado y un tipo de violencia estructural a veces más peligroso que el que aparentemente se quiere combatir porque se basa en la discriminación, en la xenofobia, o en el clasismo indisimulado.

Los factores que han hecho que nuestra sociedad sea cada vez más violenta son muy variados y complejos. Es sencillamente estúpido, injusto y completamente ineficaz querer actuar sólo sobre uno o unos pocos de ellos sin haber hecho previamente una reflexión social que lleve a asumir el problema como lo que es, el resultado de pautas colectivas de las que todos sin excepción, aunque unos más que otros, somos responsables.

En lugar de eso, lo que lamentablemente está ocurriendo en Andalucía, como en otros lugares, es que hechos aislados más o menos graves o numerosos están siendo utilizados, por ignorancia o por mala fe, para atacar al servicio público educativo. La desmesura con la que se está hablando y tomando posiciones no puede llevar a otro lado. Y lo sorprendente no es que esto lo haga la oposición de derecha, tradicionalmente comprometida con el sector educativo privado, sino organizaciones sindicales de larga trayectoria progresista. Algunos amigos directores y profesores me han comentado que los efectos de los actos de violencia que hemos vivido son nefastos, pero que incluso temen mucho más por el desprestigio y la desmoralización que estas estrategias sindicales están cultivando en la educación pública andaluza.

El problema, en suma, es difícil por complejo: ni se puede considerar que afecta a todos indiscriminadamente, ni se debe aceptar que sea solo un asunto de unos pocos a los que hay que marginar. Por eso es imprescindible que, en lugar de la desmesura y la descalificación, se abra paso un debate coherente y riguroso. El equilibrio, la reflexión y el sosiego son los ingredientes imprescindible para hacer frente con eficacia a la violencia porque estas no se combate con palabras fuertes sino sembrando paz sin descanso. Creer que el problema de la violencia escolar se va a resolver solo con más profesores es una simpleza tan peregrina y corporativa que avergüenza escucharla. Se necesitan más medios, muchos más medios materiales pero también más compromiso, del Gobierno y también de la oposición y los sindicatos, de las familias y de los profesores. No basta condenar sino que hay que entender la violencia y aprender a enfrentarla pacífica y coherentemente.

La educación, la de todos los andaluces y andaluzas y no sólo la de los que hayan tenido la suerte de nacer en ambientes cultivados, es la pieza fundamental de nuestro futuro. Es una irresponsabilidad que lo echemos por alto por irreflexión, por ignorancia o, simplemente, por la equivocada creencia de que así se van a captar más votos o más delegados sindicales.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga.