Siete leyes orgánicas y 10 competencias

El texto que hoy se somete a la aprobación de la ponencia parlamentaria redactora del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña incluye siete propuestas de modificación de otras tantas leyes orgánicas del Estado y 10 propuestas de traspaso a la Generalitat de competencias del Estado, mediante la aplicación de la vía prevista en el artículo 150.2 de la Constitución.

Esta vía es la que se aplicó en 1996 para traspasar a la Generalitat las facultades del Estado sobre la regulación del tránsito, por ejemplo, que hicieron posible la sustitución de la Guardia Civil por la policía autonómica catalana.

Estas propuestas cuentan en algunos casos con apoyo de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, los ponentes socialistas han reclamado a los demás grupos la "racionalización" del recurso a la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Han adelantado su oposición a utilizarla para ir más allá del traspaso a la Generalitat de unas pocas competencias estatales, que se consideran de especial interés político y económico, que han sido objeto de batalla política y constituyen una adaptación del Estatuto catalán a la realidad actual, como las relativas a las políticas de inmigración y a la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general.

- Inmigración y extranjería. Para transferir a la Generalitat las facultades de ejecución sobre régimen de extranjería, que incluye la tramitación, resolución y ejecución de todos los procesos sancionadores, excepto los relativos al control de fronteras.

- Sistema penitenciario. Para definir como compartida entre el Estado y la Generalitat catalana la facultad que actualmente es de ejecución.

- Actividades marítimas. Para transferir a la Generalitat las facultades del Estado sobre ordenación y control de la flota civil, registro y matriculación de buques y la inspección.

- Consultas populares. Para transferir a la Generalitat la competencia sobre autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

- Servicios meteorológicos. Para transferir a la Generalitat los servicios meteorológicos del Estado situados en Cataluña.

- Seguridad pública y tránsito. Para la transferencia a la Generalitat de la competencia ejecutiva sobre vigilancia y control de entrada y salida de personas y bienes al territorio del Estado.

- Puertos y aeropuertos. Para transferir al Gobierno autónomo la gestión de puertos y aeropuertos de interés general situados en Cataluña.

- Telecomunicaciones y gestión del espacio radioeléctrico.

Para transferir a la Generalitat la facultad de ejecución.

- Expedición y homologación de títulos académicos. Para definir como compartida entre la Generalitat y el Estado la facultad actualmente ejecutiva sobre expedición y homologación de títulos universitarios oficiales.

Propuestas de modificación de leyes orgánicas

- Ley orgánica del Tribunal Constitucional.

Propuesta de reforma para hacer posible que la Generalitat participe en los procesos de designación de los miembros del Tribunal Constitucional.

- Ley orgánica sobre Regulación de Modalidades de Referéndum. Para que la Generalitat catalana y los ayuntamientos puedan convocar referendos sobre materias de su respectiva competencia, en las condiciones que la ley establezca.

- Ley orgánica del Defensor del Pueblo. Se propone calificar como "exclusiva" la competencia del Síndic de Greuges en materias que afecten a la Generalitat y los ayuntamientos.

- Ley orgánica del Régimen Electoral General.

Para que Cataluña sea considerada circunscripción electoral en las elecciones para el Parlamento Europeo.

- Ley orgánica del Poder Judicial. Se propone una larga serie de modificaciones para adaptar el sistema judicial al Estado de las autonomías, que incluyen la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, de un fiscal superior de Cataluña, la consideración del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como última instancia en los procesos iniciados en Cataluña.

- Ley orgánica reguladora del Derecho de Petición. Para que la Generalitat pueda ejecutar y legislar en esta materia.

- Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Para regular las funciones del fiscal superior de Cataluña.