Visto para sentencia el juicio contra la presunta célula de Al Qaeda

El macrojuicio contra 24 presuntos integrantes de la célula española de Al Qaeda quedó ayer visto para sentencia, tras el turno de última palabra de los acusados. El fiscal, Pedro Rubira, en sus conclusiones definitivas, elevó su petición de penas para seis de los 24 acusados. Rubira mantiene que tres de los imputados participaron en calidad de cooperadores necesarios en los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el 11 de septiembre de 2001, en EE UU.

Los defensores reclaman la absolución de sus clientes. Ahora, el tribunal se reunirá para deliberar. Debido a lo extenso de la causa, con más de 100.000 folios de sumario, la sentencia no se hará pública hasta mediados de septiembre. El juicio se inició el 22 de abril y ha durado dos meses y medio. Por el estrado han pasado 107 testigos propuestos por el fiscal y las defensas, de los que 69 eran policías.

La trascendencia de este proceso es evidente, ya que es el primero que se ha celebrado en España contra presuntos terroristas islamistas después de los atentados del 11-M. Por tanto, la sentencia que se dicte -condenatoria o absolutoria- marcará la línea sobre los requisitos para condenar por terrorismo islamista y será un precedente para el juicio por el 11-M.

El tribunal deberá valorar si el requisito de subvertir el orden constitucional, aplicable a bandas terroristas como ETA, es exigible al terrorismo islamista, o si lo define por los fines de destrucción indiscriminada que persigue para ajustarlo al tipo penal. Además, el terrorismo islamista no responde a un modelo fuertemente jerarquizado, sino que la cabeza de la organización marca unas líneas de actuación y la célula con mejores posibilidades la ejecuta.

Entre los testigos que han comparecido en la vista destaca el marroquí Jamal Zougam, que se encuentra en prisión acusado de ser uno de los presuntos autores materiales de la colocación de las bombas en los trenes de la muerte el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Zougam no aportó ningún dato relevante para el juicio de la célula de Al Qaeda, aunque admitió que conocía al presunto jefe del grupo, Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah.

Varios de los acusados tienen relaciones con algunos de los imputados por el 11-M, como Abu Dahdah, conocido y amigo de los principales implicados en los atentados de Madrid. O Driss Chebli, imputado él mismo en el sumario del 11-M, o también Mohamed Neeld Acaid, que fue muyahid en Bosnia y propietario de la casa de Chinchón donde se ensamblaron las mochilas bomba del 11-M. Sin embargo, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, no permitió ninguna pregunta sobre los atentados de los trenes, que se juzgarán en otro proceso.

Otro de los testigos llamativos fue Noureddin Salim Adoumalou, condenado en 1997 a nueve años y tres meses de prisión por pertenencia al Grupo Islámico Armado (GIA), junto con uno de los suicidas de Leganés, Allekema Lamari. Pero Adoumalou, que dijo que fue condenado pero que se considera inocente, aseguró que no conocía a ninguno de los terroristas por los que fue preguntado.

El testigo principal de la acusación fue el policía de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) Rafael Gómez Menor, que actuó también como perito y que estuvo declarando durante seis días seguidos.

A lo largo del juicio el tribunal ha dejado en libertad, a veces con fianza, a ocho de los acusados. El juicio se inició con los 24 acusados en prisión preventiva, pero tras sus declaraciones en la vista y una vez oídas las principales pruebas de la acusación contra ellos, el tribunal decidió liberarlos. Los magistrados consideraron que había "disminuido considerablemente" el riesgo de fuga por el que se decretó su ingreso en prisión y optaron por fijar fianzas para algunos de ellos. La medida, según el tribunal, no prejuzga el resultado de las pruebas que existen en la causa contra ellos, aunque en medios jurídicos se interpreta como que los beneficiados están más cerca de la absolución que de la condena.