El Ejecutivo central avisa al catalán de que el Estatuto tiene aspectos inconstitucionales

El Gobierno central ha comunicado ya al Ejecutivo catalán que el texto de la reforma estatutaria en el que trabaja la ponencia del Parlamento de Cataluña tiene una serie de "líneas rojas" que desbordan la Constitución y que no podrán ser aprobadas en el Congreso. Francisco Caamaño, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, declaró a Europa Press que ha expuesto a los representantes del Ejecutivo catalán que el nuevo Estatuto, tal y como está redactado hoy, "sobrepasa manifiestamente las posibilidades" de la Ley Fundamental.

Caamaño explicó el pasado domingo cuál es el criterio del Gobierno central sobre el nuevo Estatuto a una delegación catalana encabezada por Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales. Caamaño destacó, entre los asuntos que sobrepasan "líneas rojas" -límites de la constitucionalidad-, el uso reiterado del artículo 150.2 de la Constitución, relativo a transferencias de competencias estatales mediante ley orgánica. También expuso las dificultades de utilizar el Estatuto para alterar los límites provinciales, cuando el artículo 141 de la Constitución exige una ley orgánica específica, y para diseñar el sistema de financiación autonómica, cuando esa tarea no puede acometerse de forma bilateral. Pese a estas advertencias, el Ejecutivo tripartito ya ha decidido mantener en el texto del futuro Estatuto el sistema de financiación propio para Cataluña. Caamaño declaró que aún se está a tiempo de modificar "esas líneas rojas" y que el objetivo sería "meterse en una frontera constitucionalmente razonable".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, expresó ayer su confianza en que habrá reforma del Estatuto de Cataluña porque "habrá consenso y se respetará el marco constitucional". También reclamó "prudencia y respeto hacia las instituciones catalanas" hasta que se produzca la aprobación del proyecto de reforma en el Parlamento de Cataluña.

"Hay que esperar"

"Creo que hay que esperar y, además, ya queda poco tiempo. Durante un año, las cosas se han hecho bien, se han respetado los ámbitos de unos y otros, y ha habido un respeto institucional por parte del Gobierno hacia el Parlamento catalán y del PSOE hacia el trabajo de los partidos catalanes, que me gustaría que no se truncara en las próximas semanas, teniendo en cuenta que estamos al final del proceso", explicó Rubalcaba.

Tras manifestar que espera que se cumplan los plazos establecidos por el Gobierno tripartito catalán -aprobación en la comisión a finales de julio y en el Parlamento, a mediados de septiembre-, Pérez Rubalcaba añadió que, "una vez que se apruebe el Estatuto en Cataluña, será el momento de hablar de cuántas enmiendas, de qué enmiendas, de cómo se acuerdan y de qué proceso tenemos en marcha". El portavoz socialista expresó su confianza en el PSC e insistió en el "respeto al trabajo de las instituciones catalanas".

También dirigió una advertencia a CiU por su comportamiento ante la reforma del Estatuto de Cataluña y recalcó que, en esta legislatura, "los convergentes no son los aliados preferentes de la fuerza que sostiene al Gobierno de Zapatero".

El Gobierno catalán considera "positivas" todas las reuniones, incluidas las mantenidas con el Ejecutivo central, que contribuyan a "clarificar y acercar" posiciones respecto al contenido del nuevo Estatuto. No obstante, el primer consejero, el republicano Josep Bargalló, advirtió de que la soberanía para aprobar el Estatuto recae en el Parlamento autónomo y, posteriormente, en el Congreso de los Diputados, por lo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "no tiene que dar el visto bueno" al texto.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, Bargalló salió al paso de los comentarios suscitados por la entrevista del pasado domingo con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y por sus declaraciones de ayer. El primer consejero rechazó que el tripartito esté retocando el articulado para que sea "más cómodo" de digerir al Gobierno central. "El Estatuto no se hace para comodidad de nadie, sino porque lo quieren los grupos parlamentarios", señaló, "y nadie en el Gobierno de la Generalitat, ni el Gobierno español, puede hacer propuestas de aprobación o de revisión más allá de lo que hagan las dos cámaras legislativas".